En esta entrevista, el flamante secretario de Comercio explicó el nuevo acuerdo de precios, que apuesta a un rol activo del consumidor en el control.
“La lógica empresarial maximizadora de beneficios pone ciertos límites a la justicia redistributiva. Estamos apuntando a limitar la capacidad de los formadores de precios de apropiarse de lo que no les toca”, consideró el secretario de Comercio, Augusto Costa. El funcionario dialogó con Página/12 y otros medios sobre su visión acerca del nuevo acuerdo de precios, pero también analizó aspectos de la inflación y la dispersión de precios en la economía local, la concentración de mercado en sectores clave y los objetivos que se trazó para su gestión, que comenzó a principios de diciembre. Adelantó próximos pasos que tomará el acuerdo de precios y apuntó a los analistas que critican la medida: “Buscan confundir para vetar todas las iniciativas del Gobierno”.
–El Gobierno afirma que la lista del acuerdo de precios refleja precios transparentes, vinculados con costos reales. ¿Eso quiere decir que el diagnóstico que subyace es que existe una parte del componente inflacionario en la economía local que tiene que ver con situaciones estructurales de abuso de las empresas?
–Es un hecho que el patrón de crecimiento argentino tiene una lógica en la cual el Estado, mediante todas sus herramientas de incentivo a la demanda, a la industria y con su política de ingreso, dinamiza el mercado interno, genera condiciones para el crecimiento, para la obtención de rentabilidad en muchos sectores y para la mejora en las condiciones de vida de la población. Pero nuestra economía en el último cuarto del siglo XX se concentró de una manera alarmante. Eso se da en muchos sectores, como productores de bienes de consumo masivo, insumos difundidos y también las ventas minoristas. Entonces el Estado, pendiente de dinamizar la demanda, se encuentra con esta estructura heterogénea y concentrada en algunos sectores. Es nuestro punto de partida. Cuando uno fomenta la demanda bajo las condiciones de mercado descriptas, los actores que tienen capacidad de formar precios pueden apropiarse de rentabilidad extraordinaria. La política macroeconómica entonces apunta en una dirección, pero la lógica empresarial maximizadora de beneficios pone ciertos límites a la justicia redistributiva. Formadores de precios hubo siempre, es cierto, pero un proceso de crecimiento sostenido como el argentino hoy exige restablecer pautas en materia de precios. Desde la Secretaría de Comercio buscamos que los precios y el abastecimiento sean consistentes con la política macroeconómica. Identificamos que a lo largo de algunas cadenas de valor existe una apropiación de la renta que penaliza a los actores más débiles, ya sean consumidores o pequeños productores. Con las distintas políticas que estamos llevando a cabo desde varias dependencias, estamos apuntando a limitar la capacidad de los formadores de precios de apropiarse de lo que no les toca. Esto es un objetivo central de nuestra política.
–¿El alto grado de concentración es un hecho irreversible? ¿El Gobierno ve como un objetivo saludable modificar ese esquema?
–La concentración en cualquier economía es algo natural y propio de la dinámica del capitalismo. En la Argentina, la voluntad del Gobierno es generar las condiciones para que haya oportunidad de negocios, para que se incorporen nuevos actores, para que haya posibilidad de competir en mercados que hoy están concentrados. En ese sentido está el impulso a las pymes, a la industria local. Dependiendo del mercado, es más fácil o no avanzar en ese objetivo. Pero el Gobierno tiene una política clara de impulso a las pymes.
–¿Cómo impacta la concentración del mercado en la falta de referencia de precios?
–El objetivo con esta canasta es atacar un problema que se deriva de la estructura de mercado oligopólica, que tiene que ver con la pérdida de referencia de los consumidores sobre precios relativos y de determinados productos de consumo diario. La dispersión de precios responde a la capacidad para fijar condiciones de mercado por parte de los actores concentrados. Yo insisto mucho en este punto. El café La Morenita en el Coto de Monroe está 18,26 pesos, y en el Coto de Avenida San Martín, 15,80 pesos. El Shampoo Plusbelle en el Carrefour (de la calle) Almafuerte, 19,76 pesos, en el (supermercado de descuentos) Dia de (avenida) Boedo, 20,49, y en el Disco (de avenida) Entre Ríos, 21,19 pesos. ¿Cuánto salen los bienes? Depende de dónde los compre. Hubo abusos, se perdió referencia en precios clave por la capacidad de discriminar que tienen los supermercados, de decidir qué cobrarle a cada consumidor, que ahora se quedó con menos herramientas para tomar decisiones.
–¿Cómo se realizará la difusión de los precios de referencia?
–Esta política exige un conocimiento profundo por parte de cada argentino de la canasta de referencia y eso no se conseguirá en forma pasiva. El consumidor también tendrá que moverse, informarse, conocer. La gente va a tener que empezar a cuidar los precios junto al Gobierno. El problema es que hoy informarse es muy caro: tengo que recorrer 20 supermercados para encontrar una referencia. Es un imposible en términos de información. Los productos y los precios del acuerdo ahora tienen que grabarse en la cabeza de los consumidores. Si cada uno lo incorpora, va a poder poner un límite a los formadores de precios. Para eso los productos en las góndolas también tienen que estar muy bien señalados. Por eso desarrollamos una marca, que se llama Precios Cuidados. La señalización va a ser homogénea en todos los supermercados, al igual que los precios, que serán uniformes. Esto no funcionará sin una comunicación efectiva. Y el que pretenda que el lunes esté todo brillante, no está tomando el tema con seriedad. Irá tomando forma y mejorando con el correr de los días.
–¿Por qué la canasta elegida puede ocupar el papel de “disciplinador de precios”?
–Yo confío en que la canasta va a tener un efecto económico muy importante. Los consumidores no van a validar precios que no tienen relación con los de la canasta de referencia. Estoy convencido de eso. Sólo se validan precios desproporcionados cuando no hay suficiente información. La política consiste en tener información para tomar decisiones. Si uno sabe que la gaseosa cola está en el supermercado 12,50 pesos, cuando va a al kiosco puede y debe pagar más. Pero cuánto más, dependerá de cada uno, porque la referencia del precio de supermercado estará clara. Si no conozco cuánto sale en el supermercado, por ahí pago 20 pesos en el kiosco. Pero si estoy al tanto de que está 12,50 pesos, por ahí no lo haga. La canasta de referencia permite brindar señales a los consumidores para que puedan tomar decisiones informados.
–¿Cómo se va a trabajar en la revisión de los precios del acuerdo cuando haya variación de los costos, por ejemplo, cuando llegue el momento de las paritarias?
–Las grandes empresas proveedoras de consumo masivo y los supermercados saben que los salarios no sólo son un costo, sino que también son un factor de demanda. Tuvieron un crecimiento explosivo de las ventas y posibilidad de mejora de la rentabilidad a raíz del dinamismo del mercado interno, impulsado por la política expansiva del Gobierno. En general, todos los factores que hacen a los costos van a estar sobre la mesa. En el caso de las paritarias, habrá que evaluar el impacto real en el costo. También puede suceder que una empresa argumente que se aceleró la tasa de devaluación y diga que tiene que subir los precios en la misma magnitud. Bueno, ahí hay que ver cuánto es el componente importado. Vamos a identificar el impacto real del cambio en cualquier circunstancia económica. Con esta revisión evitaremos que las empresas trasladen aumentos de costos desproporcionados. Y también cabe aclarar: los precios van a subir y bajar. Cuando hay formadores de precios, los precios suben y después no bajan. Con este mecanismo vamos a lograr que los precios bajen cuando deban hacerlo. También trabajaremos sobre otros costos, como la logística.
–¿En qué consistirá ese trabajo?
–Depende del factor del costo que se trate. Si hay problemas de logística por algún limitante en las rutas, por el financiamiento de las empresas o por falta de infraestructura, el Estado estará presente con líneas de crédito e inversión pública. Cualquier factor que limite la capacidad de expansión de la oferta intentaremos subsanarlo. Estamos incorporando empresas de segundas marcas a la canasta que sabemos que si sube la demanda, se puede complicar su capacidad productiva. Entonces vamos a trabajar para que inviertan. Si no garantizamos que la capacidad de oferta responda a la demanda incremental, no sirve.
–Este acuerdo de precios involucró un grado más alto de formalidad en relación con iniciativas anteriores en materia de precios. ¿Es una característica que quiere imprimirle a su gestión en la Secretaría?
–Inicialmente fue un reclamo de los propios autores, ellos pedían formalidad, lo cual me parece que es una buena señal. Después dependerá de las circunstancias de cada iniciativa. Cabe aclarar que en esta primera instancia incorporamos a los supermercados y a su proveedor inmediatamente anterior. Pero nuestro objetivo es ir revisando los márgenes en toda la cadena y abarcar a todos los eslabones. Es una política progresiva. No nos podemos proponer en un mes llegar al tambero. Esto se va a ir desarrollando, avanzaremos en la cadena de valor de manera coordinada con otras dependencias para identificar qué políticas hay que aplicar para mejorar la productividad y evitar los cuellos de botella.
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