En el marco del diálogo social fueron presentados en la Casa Rosada el Plan Integral de acciones para continuar reduciendo la informalidad laboral y las políticas implementadas por el gobierno para combatir el trabajo no registrado en los últimos diez años. Hoy, de cada 10 empleos 8 son registrados.
Cada 10 empleos netos generados en la década de los `90, 9 eran sin registrar: se fomentaba la cultura de la evasión, del trabajo sin regulaciones, sin indemnizaciones, sin sindicatos, sin negociación colectiva. Hoy, de cada 10 empleos generados 8 son trabajadores registrados.
En un informe sobre trabajo no registrado elaborado por la cartera laboral, se indica que desde el 25 de Mayo de 2003, con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, nuestro país inició un proceso de recuperación de derechos tras la devastación generada por el neoliberalismo, donde el 50% de los trabajadores tenían cercenados sus derechos a un salario justo, a una jubilación y a una obra social.
El proyecto político puesto en marcha en 2003 con un enfoque socio productivo con eje en la promoción del trabajo registrado, instaló un círculo virtuoso que permitió la creación de empleo “con derechos”, mientras se reducía la desocupación, el trabajo no registrado y la informalidad.
Las políticas activas desarrollas por el MTEySS, en consonancia con este enfoque, acompañaron con el despliegue de acciones concretas que contribuyeron a la reducción del trabajo no registrado.
Es en este marco, que se creó en septiembre de 2003, el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) con el objetivo de reconquistar la presencia y facultad inspectiva del Ministerio de Trabajo. Fue presentado por el presidente Kirchner en el salón Blanco de la Casa de Gobierno
Si bien los empleadores tienen la obligación de declarar y registrar a los trabajadores, es el Estado, mediante este plan, quien pone en práctica su rol de contralor de la normativa laboral y de la seguridad social, verificando su cumplimiento; logrando así la registración plena de los trabajadores en consonancia con lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente: trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
Una fuerte campaña de concientización y la coordinación de acciones con la AFIP y los gobiernos provinciales, generaron un progresivo cambio en el comportamiento social, aún insuficiente.
El Ministerio de Trabajo a través de sus inspecciones, fiscalizó más de 1 millón de empresas y de 3 millones de trabajadores.
Fábricas, industrias, comercios, obras en construcción, establecimientos rurales, fueron inspeccionados para corroborar si los empleadores tenían registrados a sus trabajadores. Operativos de fiscalización que permitieron bajar la tasa de informalidad en 18 puntos porcentuales. Puede decirse que más del 30 por ciento de los trabajadores que estaban en situación de no registro en 2003 fueron regularizados merced, entre otras circunstancias, al mencionado plan.
Una tarea que se hizo con una firme convicción: poner al trabajo registrado en el centro de las políticas públicas. De 40 inspectores en 2003 se pasó a incorporar a más de 400. Las Delegaciones Regionales de esta cartera llegan a más de 40 en todo el país, las que fueron dotadas de equipamiento informático, instrumental y de vehículos que puedan ingresar a lugares que antes le eran inaccesibles y arribar así a lo largo y a lo ancho del país.
En la actualidad, el “inspector digital” reemplaza a las inspecciones que se realizaban en actas de papel. Hoy los inspectores cargan los datos de los trabajadores relevados en una netbook y estos quedan guardados automáticamente en el servidor central del Ministerio. Celeridad y transparencia fueron principios perseguidos desde el primer día. Con esto se logró el “control en tiempo real”.
En ese contexto, y porque todos los trabajadores tienen que acceder a los mismos derechos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de impulsar dos leyes que impactan directamente sobre dos colectivos históricamente postergados: los trabajadores rurales y las trabajadoras de casas particulares, poniéndolos en pie de igualdad con el resto de los trabajadores.
Avances y desafíos para una Argentina no inclusiva
El trabajo no registrado es uno de los principales problemas que enfrenta el mercado de trabajo argentino desde mediados de los años noventa y que sólo mejoró su tendencia negativa en los últimos 10 años. Sin embargo, pese a la mejora sostenida en los últimos años, continúa representando una preocupación central del Gobierno Nacional.
Conforme a la información recogida por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC) en los principales centros urbanos del país, durante el primer trimestre de 2013, el 32% de los trabajadores en relación de dependencia no se encontraban registrados en la seguridad social.
Los trabajadores no registrados no tienen garantizada la cobertura médica para ellos y sus familias, no reciben la totalidad de los beneficios del sistema contributivo de asignaciones familiares en el caso de tener una familia o hijos a cargo y probablemente no recibirán los beneficios de la jubilación cuando se retiren del mercado laboral, ni contarán con el seguro por desempleo en el caso de ser despedidos.
Esta situación se complementa con la ausencia casi total de beneficios laborales no ligados directamente a la seguridad social –empezando por la indemnización por despido, las vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura por accidentes de trabajo-, la falta de afiliación sindical y la percepción de ingresos por debajo de los establecidos en los convenios colectivos y por el Salario Mínimo Vital y Móvil. Por todo esto, el trabajo no registrado constituye una expresión cabal de la precariedad laboral.
Si bien el trabajo no registrado se ha instalado desde hace muchos años en nuestro país como una de las problemáticas más graves que afectan las condiciones laborales de los trabajadores, por primera vez a partir de 2003 se produce un cambio sustancial en la política pública al instalar al Trabajo Decente como su objetivo central.
El nivel de empleo y su calidad pasan a ser variables relevantes tanto para la política socio-laboral, como para la política económica. Como prueba de ello, en la actualidad, la Argentina es la primera Nación latinoamericana en incorporar el trabajo decente como objetivo de su ordenamiento normativo laboral y su política pública.
Las consecuencias de las políticas neoliberales implementadas durante las décadas pasadas fueron nefastas para las condiciones laborales de los trabajadores. A partir de mediados de los años 70 con el quiebre del orden democrático y del modelo productivo de “industrialización sustitutiva de importaciones”, se inició un régimen neoliberal en lo económico y represivo en términos de libertades individuales y colectivas, que promovió y generó un profundo debilitamiento de las instituciones laborales.
Este proceso dio lugar a un incremento del empleo no registrado sin antecedentes en nuestro país. La incidencia de la informalidad laboral (de los asalariados), entre 1980 y 2000, prácticamente se duplicó. La extensión de la problemática se instaló de manera estructural ya que no se modificó con el devenir de la actividad económica: incluso en distintos períodos de crecimiento económico y con diferentes políticas, la informalidad laboral mantuvo su tendencia ascendente.
Por el contrario, desde el año 2003 en adelante se entiende al trabajo no registrado como una problemática de origen multicausal y de perfil heterogéneo que requiere, por lo tanto, un conjunto de políticas activas sociales, laborales y económicas que atiendan a cada uno de sus determinantes y consecuencias.
Por ello, la estrategia integrada de políticas que se llevaron adelante ha permitido reducir por primera vez la incidencia del trabajo no registrado. Sin embargo, el nivel que aún alcanza esta problemática exige la incorporación de nuevos instrumentos de política para tender a su erradicación definitiva.
El artículo cuenta con tres secciones. En la primera se describen esquemáticamente las políticas implementadas desde el año 2003 para enfrentar la informalidad laboral. En la segunda sección se muestra el impacto de las mismas en la reducción de la problemática. En la última sección se analizan sintéticamente las principales características que presenta el trabajo no registrado en nuestro país.
Esquema de políticas implementadas desde 2003 para reducir el trabajo no registrado
El modelo de intervención política para enfrentar la informalidad laboral quedó planteado en el año 2004 cuando el Presidente Néstor Kirchner lanzó desde el Salón Blanco el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, hecho inédito en la historia de las instituciones laborales en el país.
El abordaje se caracteriza por articular e integrar una diversidad de programas y acciones que atienden a los diversos factores que le dan origen y al perfil heterogéneo de su caracterización.
El modelo actual no involucra sólo a la política socio-laboral, sino también a un amplio abanico de otras acciones, entre las que se destaca la política económica. En este sentido, el actual esquema de políticas para enfrentar la informalidad cuenta con dos objetivos prioritarios:
• Reducir el trabajo informal promoviendo el trabajo decente, de calidad, con los derechos y beneficios establecidos por la normativa laboral, incorporando a la formalidad a grupos poblacionales vulnerables.
• Extender la protección social para los trabajadores que aún permanecen en la informalidad o en el desempleo, mejorando las condiciones de empleabilidad y accesibilidad al empleo de calidad.
Las acciones puestas en práctica con el fin de reducir el trabajo no registrado a través de la promoción del empleo de calidad tienen como punto de partida la remoción de los distintos factores que le dan origen. En el siguiente cuadro se sintetizan los determinantes que originan la informalidad y las principales acciones que se implementaron para darles respuesta.
Determinantes, políticas y acciones implementadas desde 2003.
Fuente: MTEySS, SSPTyEL.
En esta breve exposición de las diversas acciones ejecutadas en la lucha contra el empleo no registrado, no se puede dejar de hacer referencia a que se trata de mecanismos, que a pesar de los excelentes resultados alcanzados desde el 2003, son lentos en el cumplimiento de sus objetivos, ya que es una problemática vinculada a procesos endógenos y exógenos.
En este contexto y con plena conciencia de esta característica, el Gobierno Nacional ha acompañado estas acciones con un conjunto de políticas vinculadas a brindar cobertura universal de derechos para niños y mayores, construyendo así un real “piso de protección social”.
Desde el punto de vista de las políticas orientadas extender la protección social para los trabajadores que aún permanecen en la informalidad o en el desempleo se destacan, la Asignación Universal por Hijo, la moratoria previsional y los ajustes automáticos de los haberes jubilatorios.
Resultados del esquema de políticas en la reducción del trabajo no registrado
El nuevo enfoque dado a las políticas públicas desde el año 2003 dio lugar a los logros socio-laborales más relevantes de los últimos 50 años, modificando la estructura ocupacional del país.
Evolución del empleo asalariado registrado del sector privado. Promedios anuales. En miles de empleos. Total país.
Fuente: MTEySS, SSPTyEL en base a datos de OEDE (SIPA).
La inserción sistemática de trabajadores en el empleo registrado ha sido uno de los principales mecanismos del actual esquema de políticas, para enfrentar las problemáticas socio-laborales existentes. El crecimiento del empleo formal fue un factor determinante para la reducción de la precariedad laboral y del desempleo, para el fortalecimiento de la negociación colectiva, la extensión de la cobertura del sistema de protección social, el incremento de los ingresos, la mejora de la equidad y el aumento de la presencia sindical.
En efecto, desde el año 2003, se verificó un aumento del empleo asalariado registrado del sector privado como nunca se había observado en la historia reciente de nuestro país. En el período comprendido entre 2002 y 2012, la cantidad de trabajadores registrados en las empresas privadas creció un 80%, lo que implica que se crearon alrededor de 2,8 millones de empleos formales en el sector privado en todo el país. Como resultado de esta tendencia, en el año 2012, el número de trabajadores registrados es un 56% superior al record de la década pasada (1998) durante la vigencia del régimen de Convertibilidad.
Este crecimiento sistemático del empleo formal estuvo fuertemente asociado a la expansión y fortalecimiento del entramado productivo nacional. Una prueba elocuente de ello es la instalación de más de 200 mil nuevas empresas formales durante el período comprendido entre 2003 y 2012, lo que significó un incremento del 50% de la cantidad de firmas. De acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el año 2012 se contabilizaban más de 600 mil empresas con empleo asalariado declarado a la seguridad social, un nivel record para los últimos 15 años.
La expansión sostenida del empleo formal configuró una dinámica laboral virtuosa con características únicas en la historia reciente del mercado de trabajo argentino.
El rasgo distintivo es que, una cantidad significativa de trabajadores ocupados en inserciones precarias (asalariados no registrados o trabajadores por cuenta propia informales) y desocupados, accedieron a empleos registrados, mejorando sus condiciones laborales.
La incorporación al empleo registrado de trabajadores que estaban en situaciones de precariedad o desempleo define un proceso de “movilidad laboral ascendente” que quiebra la lógica instalada en el mercado de trabajo argentino en las décadas pasadas, por la que un porcentaje creciente de trabajadores estaba obligado a permanecer por largo tiempo en inserciones precarias caracterizadas por una elevada inestabilidad, bajos ingresos y desprovistas de beneficios laborales.
La expansión récord del trabajo formal arrojó como resultado – como se señalara- una significativa reducción de la incidencia del empleo no registrado.
Así, la tasa de empleo no registrado (el indicador que mide la relación entre el empleo no registrado y el total de asalariados) pasó del 50% en el tercer trimestre de 2003 al 32% en el primer trimestre de 2013, presentando una caída de 18 puntos porcentuales durante el período considerado.
Para dimensionar correctamente la transformación que se produjo en la dinámica laboral logrando reducir en esta magnitud la informalidad, debe analizarse el cambio en la calidad de los puestos de trabajo creados entre el régimen de la convertibilidad y el patrón de crecimiento vigente.
De forma inversa a lo que sucedía en la década de los noventa, cuando de cada 100 puestos de trabajo asalariados que se generaban 90 eran no registrados; entre 2003 y 2012, de cada 100 puestos creados, 92 son empleos registrados y sólo 8 no lo son.
Evolución de la tasa de empleo no registrado. Total de aglomerados relevados. Período 2003 – 2013.
Fuente: MTEySS, SSPTyEL en base a datos de EPH (INDEC).
La importancia de la reducción de la informalidad laboral lograda en estos últimos años se valoriza en mayor medida cuando se analiza la evolución histórica de la tasa de empleo no registrado armonizada entre 1980 y 2012.
La evolución del indicador muestra que la incidencia de la problemática del no registro se incrementó prácticamente en todos los años desde 1980 hasta 2004.
En ese lapso la tasa sólo se reduce en forma algo significativa (al menos un punto porcentual) en 2 de los 24 años transcurridos. Como resultado de este proceso, la incidencia del empleo no registrado en el transcurso de esos años llegó casi a duplicarse (creció un 93%).
Una característica llamativa de este comportamiento es que esta tendencia creciente se mantuvo tanto en las fases expansivas de la economía como en las fases recesivas y bajo regímenes políticos y económicos diversos.
El incremento observado en las dos décadas pasadas contrasta con el comportamiento descendente del índice, que se verifica desde 2005 hasta 2012. Esta reducción permitió alcanzar en 2012 la tasa más baja de empleo no registrado de los últimos 21 años, presentando un valor inferior al observado en 1991.
No obstante, si bien es importante haber alcanzado un nivel similar al verificado al inicio del régimen de Convertibilidad, sin lugar a dudas el logro más importante de las políticas aplicadas en los últimos años es haber quebrado la tendencia creciente y mantener una disminución permanente de la tasa de empleo no registrado desde entonces.
Evolución de la tasa de empleo no registrado “armonizada” . Gran Buenos Aires. Período 1980 – 2012.
Fuente: MTEySS, SSPTyEL en base a datos de EPH (INDEC).
Es claro, entonces, que la tasa de trabajo no registrado en la actualidad no puede ser atribuida al modelo socio-económico vigente, sino a los múltiples factores que en décadas pasadas determinaron su crecimiento hasta alcanzar niveles inéditos para la sociedad argentina.
El análisis histórico muestra que el crecimiento sistemático del trabajo no registrado no fue el resultado de fases recesivas sino que es el producto de una tendencia instalada en la estructura económica de la Argentina, que no pudo ser alterada por los diferentes contextos políticos y económicos que se fueron sucediendo hasta el 2003.
Sin embargo, los avances logrados en la reducción del trabajo no registrado no implican que la problemática se haya resuelto, ni que la dimensión actual sea razonable ni deseable para nuestro país. Es por ello, que el Gobierno Nacional ha definido la necesidad de desarrollar nuevas acciones e instrumentos que apoyen a los ya existentes, con el fin de continuar disminuyendo la situación de ilegalidad a la cual se ven sometidos aún una importante cantidad de trabajadores.
Estructura y características del trabajo no registrado
El empleo asalariado no registrado es un componente del total de la población ocupada que no se encuentra registrada y que, por lo tanto, no percibe los beneficios y derechos que provee el Sistema de Seguridad Social. De acuerdo a la información de la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS), del total de los ocupados no registrados el 65% son empleados bajo relación de dependencia, el 31% son trabajadores por cuenta propia y el restante 4% se divide a la mitad entre empleadores y trabajadores familiares sin salario.
Distribución de la población ocupada no registrada. Total áreas urbanas relevadas. Año 2011.
Fuente: MTEySS – DGEyEL en base a datos de ENAPROSS.
La Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) correspondiente al tercer trimestre de 2012, contabiliza alrededor de 4,5 millones de trabajadores asalariados no registrados en el total urbano nacional. De ese total, más de 2,4 millones se concentran en el trabajo doméstico, el comercio y la construcción. Asimismo, cerca de 2,8 millones de asalariados se concentran en los establecimiento de hasta 5 trabajadores.
Un aspecto no menor de esta problemática es que, prácticamente, todos los asalariados que se incorporan a empleos no registrados lo hacen en forma involuntaria, ya que el empleador no les dio otra alternativa. En efecto, según el Módulo de Informalidad Laboral aplicado a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) , el 95% del total de los asalariados no registrados se encuentra en esa situación porque el empleador sólo lo aceptaba trabajando de ese modo.
Otra particularidad relevante del empleo no registrado es que una proporción significativa de la población que sufre esta modalidad de trabajo, cambia de situación ocupacional permanentemente, poniendo en evidencia la existencia de una elevada inestabilidad en este tipo de inserciones laborales.
En efecto, en un análisis de los cambios verificados en la situación ocupacional de los trabajadores entre dos trimestres consecutivos, realizado en base a la información relevada por la EPH, se observa que el 39% de los trabajadores que ocupan puestos asalariados no registrados en un trimestre, cambia a otra situación ocupacional en el trimestre posterior, alternando principalmente, entre el desempleo, la inactividad y el empleo asalariado registrado.
Distribución del trabajo no registrado según tipo de empleador y formalidad de la unidad productiva. Año 2011.
Fuente: MTEySS, SSPTyEL, en base a ENAPROSS.
Una de las características más relevantes de la problemática que refleja su heterogeneidad es que el empleo no registrado se origina no sólo en las unidades productivas informales –donde cabe esperar que el empleo comparta las características de la unidad productiva– sino también en las unidades productivas formales y en los hogares. Esta diferente ‘localización’ del trabajo informal revela el origen multifacético de la problemática y demuestra la necesidad de diseñar políticas y estrategias de intervención de distinta índole.
Según la información de ENAPROSS, un 31% del total de los asalariados no registrados trabaja para unidades productivas que emplean a otros trabajadores registrados. Es decir que cumplen, al menos parcialmente, con las obligaciones tributarias, contables y/o laborales.
Al encuadrarse en al menos algunas normas, las empresas revelan cierto grado de organización interna, niveles de rentabilidad razonables y visibilidad de la unidad económica ante los organismos de contralor, entre otras características relevantes. Esto implica que cerca de un tercio del total del empleo asalariado informal, es el resultado de la evasión de las obligaciones laborales de empresas organizadas y articuladas con la economía legal.
Por su parte, un 44% de los trabajadores no registrados se localiza en unidades productivas que emplean a todo su personal por fuera de la normativa laboral, lo cual implica que se encuentran al margen de gran parte, o de todas, las normas legales que regulan sus operaciones económicas.
En ellas, el incumplimiento de las obligaciones laborales representa, probablemente, una evasión más y, en principio, en esta categoría, prevalecen las unidades económicas de baja productividad, nivel tecnológico inadecuado y poco organizadas, aunque también existen unidades productivas que logran cierta rentabilidad.
Una característica común de todos estos empleadores es que no se encuentran identificados como empleadores en ningún registro disponible de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jurisdiccionales, presentando un déficit o nula visibilidad, que obviamente limita la capacidad del Estado para orientar adecuadamente las tareas de fiscalización.
Finalmente, un 25% de trabajadores no registrados tienen como empleadores a hogares familiares, los cuales constituyen una categoría de patrones diferente de las dos anteriores, debido a que sus objetivos se diferencian de aquellos que persiguen las unidades económicas.
En efecto, un principio básico que distingue a los hogares del resto de los empleadores, es que ellos no realizan actividades económicas con el objetivo de obtener una ganancia, sino que consumen los servicios domésticos que contratan. Otra característica de este segmento, es que se encuentra fuera del alcance de la acción inspectiva habitual, ya que la fiscalización no puede ingresar directamente a las viviendas familiares sin una orden judicial.
La incidencia del trabajo no registrado al interior de la estructura productiva presenta, también, profundas diferencias. Si bien se encuentra presente en cierta medida en prácticamente todos los sectores económicos, su dimensión y características varía significativamente de acuerdo a la rama de actividad y el tamaño de las unidades productivas.
Desde la perspectiva sectorial, la informalidad laboral afecta al 67% de los asalariados de la Construcción, al 46% de los empleados de Hoteles y restaurantes, y al 42% de la dotación de personal en Comercio. Por el contrario, la tasa de empleo no registrado alcanza al 8% en Enseñanza y, a alrededor del 20% en Servicios sociales y de salud y, Otros servicios comunitarios, sociales y personales.
Tasa de empleo no registrado según rama de actividad. 4° Trimestre de 2012. Total de aglomerados urbanos relevados.
Fuente: MTEySS, SSPTyEL, en base a EPH (INDEC).
Asimismo, se verifican importantes diferencias en los sectores de actividad, dependiendo del grado de formalidad de los empleadores.
En este sentido se observan, por un lado, sectores en los que las unidades productivas informales concentran una proporción relevante del empleo asalariado no registrado. Y por otro lado, se identifican actividades donde la mayor cantidad de asalariados no registrados se concentra, casi con exclusividad, en empresas formales.
En el primer grupo señalado, se destaca particularmente Construcción, donde el 85% del total de los trabajadores no registrados de la actividad se concentra en unidades productivas informales. Otros dos sectores donde el 71% del total del trabajo no registrado se concentra en unidades informales son Hoteles y Restaurantes y, Transporte.
En cambio, en Servicios financieros y a las empresas, Enseñanza y Servicios sociales y de salud, la mayor parte del trabajo no registrado se origina en empresas formales. Alrededor de dos tercios de los asalariados no registrados, en estas ramas de actividad, trabajan para empleadores formales que contratan también a trabajadores registrados.
Tasa de empleo no registrado según tamaño de establecimiento. 4° Trimestre de 2012. Total de aglomerados urbanos relevados.
Fuente: MTEySS, SSPTyEL, en base a EPH (INDEC).
La misma conclusión se extrae al analizar la incidencia del fenómeno según el tamaño del establecimiento en el cual trabajan. En efecto, la informalidad laboral afecta al 70% de los asalariados en las unidades productivas más pequeñas (menos de 5 ocupados); mientras que en los establecimientos de más de 40 ocupados la problemática aqueja al 8% de los empleados. Por su parte, en las empresas chicas el 74% del empleo no registrado se origina en unidades productivas informales, mientras que en los establecimientos medianos este porcentaje asciende al 44% y en los de más de 40 ocupados sólo se origina el 16% de los puestos no registrados de las empresas grandes.
Por otro lado, es importante destacar que del total del trabajo no registrado localizado en unidades productivas formales, el 45% de los asalariados no registrados se concentra en unidades de tamaño medio (6 a 40 ocupados) y, un 18% en empresas grandes (más de 40 trabajadores). Esta situación contrasta con la distribución de los asalariados no registrados en unidades informales, en los que la mayor parte (74%) se concentra en los establecimientos de hasta 5 trabajadores.
Distribución del empleo no registrado según tamaño de establecimiento y formalidad de la unidad productiva. 4° Trimestre de 2012. Total de aglomerados urbanos relevados.
Fuente: MTEySS, SSPTyEL, en base a ENAPROSS.
Una derivación importante de esta situación, es que el diagnóstico de la incidencia de la informalidad según rama y tamaño se modifica notablemente cuando se analiza el subconjunto de empresas formales.
Si bien se reconoce que el empleo no registrado se origina en la evasión de las normas laborales por parte de los empleadores, es evidente que “el mercado” discrimina también, de acuerdo a las características demográficas y las competencias de los trabajadores, jerarquizando los atributos para acceder o no a empleos registrados. Con el fin de identificar las características de los trabajadores que son determinantes para la inserción y permanencia en el empleo registrado, se realizó un estudio estadístico sobre los trabajadores desocupados inscriptos en la Red de oficinas de empleo que accedieron a trabajos asalariados formales.
Los resultados del modelo estadístico muestran que los cuatro atributos más importantes para acceder a un trabajo registrado son: la edad, el sexo, el nivel educativo y el tipo de experiencia laboral.
El estudio permite, además, medir la relevancia que tiene cada variable en la inserción laboral y el sentido de cada una de ellas.
Características socio laborales relevantes para la inserción laboral en empleos formales, según orden de importancia.
Fuente: MTEySS, OEDE, en base a SIPA y registro de la Red de Oficinas de Empleo.
De acuerdo con la información analizada, la dimensión más gravitante para incorporarse a un trabajo formal es la edad de las personas. Tal como se muestra en el cuadro, la probabilidad de acceder a un empleo registrado aumenta a medida que se reduce la edad. Es decir, los jóvenes cuentan con mayores posibilidades de insertarse en el empleo formal que las personas adultas y, a su vez, estas últimas tienen mayores probabilidades de inserción que los adultos mayores.
En segundo lugar, se ubican, en el mismo orden de importancia: el sexo y la experiencia laboral formal. Con respecto al sexo, se advierte que los hombres presentan mayor probabilidad de insertarse en el empleo registrado que las mujeres. Sin embargo, el dato más significativo, lo constituye el hecho de que los trabajadores que ya tuvieron un empleo registrado cuentan con mayores probabilidades de conseguir un puesto de trabajo formal en el futuro.
Por último, en el tercer lugar de relevancia explicativa se encuentra el nivel educativo. Como era esperable, en la medida en que aumenta el nivel educativo se incrementan las chances de acceder un empleo registrado. Es necesario tener en cuenta que las probabilidades aumentan significativamente, al completar el secundario y al finalizar los estudios terciarios o universitarios.
Uno de los aspectos más relevantes de estos resultados, es el hecho de que la experiencia laboral formal y el nivel educativo, es decir, dos competencias “adquiridas”, resulten características que incrementen la probabilidad de los individuos de incorporarse a un empleo registrado. Este punto, resulta de fundamental importancia en cualquier esquema de políticas orientada a promover la inserción en empleos registrados, de calidad.
Reflexiones finales
Como surge claramente de la descripción sintetizada en este documento, los logros alcanzados en esta última década en materia de reducción del trabajo no registrado son incomparablemente mejores a su desarrollo en la historia contemporánea.
Asimismo, se observa que aún resta mucho por hacer. Cuando se considera que esta es una problemática que alcanza a 4,5 millones de trabajadores, que los afecta en lo individual y a nivel de sus familias, que los excluye de derechos en el presente y en el futuro, y que afecta a la macroeconomía a partir de la merma de aportes a la Seguridad Social, se advierte que resulta indispensable implementar nuevas acciones que promuevan la profundización de las mejoras ya alcanzadas.
La magnitud que aún presenta este colectivo y la gravedad de sus consecuencias para el entramado del conjunto de la sociedad, requieren indudablemente de fuertes intervenciones por parte del Estado.
Pero también, de un sólido y real compromiso de empresarios y sindicatos que pueden participar activamente en la tarea de reducir esta situación ilegal.
Así, podrá potencializarse la repercusión de las acciones, no sólo en la mayor inclusión de los trabajadores, sino también en la mejora de la competencia económica de las unidades productivas y en la ampliación de la representación de los actores sociales.
Prensa Argentina
