"Lo que quede fuera del 7 de diciembre está fuera de la ley y con los plazos de adecuación vencidos", asegura Sabbatella en una entrevista con Tiempo Argentino.
"Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que todo el mundo esté cumpliendo la ley. La aclaración sobre que hay que cumplir con la ley parece una obviedad. La ley se tiene que cumplir, es para todos igual y todo el mundo tiene que entrar en ese proceso de adecuación", insistió.
El texto completo de la entrevista es el siguiente:
–Apenas horas después de su designación, quedó en primer plano una nueva disputa judicial a partir de la designación del juez Raúl Tettamanti al frente del juzgado que debe expedirse sobre el reclamo de inconstitucionalidad del Grupo Clarín.
–Nosotros lo que hacemos es aplicar la ley. Y estamos absolutamente convencidos de que la ley, en todos sus artículos, es absolutamente constitucional. Bajo ningún punto de vista esta ley plantea alguna contradicción con nuestra Constitución, ni atenta contra ningún derecho constitucional ni nada por el estilo. Es una ley votada en el Congreso Nacional, aprobada por amplia mayoría. Y estamos absolutamente convencidos de que la justicia va a definir eso. El 7 de diciembre todo el mundo tiene que tener el plan de adecuación presentado e iniciado. Lo que quede fuera del 7D está fuera de la ley y con los plazos de adecuación vencidos. Por lo tanto, la AFSCA, como autoridad de aplicación, tendrá que actuar en consecuencia para hacerla cumplir. Esta aclaración parece una obviedad, pero la ley es para todos igual y todo el mundo tiene que entrar en ese proceso de adecuación.
–El ministro de Justicia habló de una maniobra en el Consejo de la Magistratura para beneficiar al Grupo Clarín y anunció que el gobierno recusará a Tettamanti…
–El ministro Alak ya expresó la posición del gobierno y, por tanto, no tengo nada que agregar. Esa no es mi área específica, pero es evidente que se trata de una maniobra para bloquear la adecuación a la que obliga la ley; una ley que busca terminar con la concentración mediática que es, en verdad, lo que lesiona la libertad de expresión.
–En el caso de que haya un fallo a favor del Grupo Clarín, ¿el proceso de adecuación se demoraría?
–Nosotros estamos convencidos de que eso no va a suceder, porque la ley es absolutamente constitucional, y no vemos motivo para que se plantee una cosa distinta.
–¿Evalúa reforzar la campaña televisiva y gráfica sobre los antecedentes de la Ley de Medios y el significado del punto de inflexión que significa el 7D?
–Sí. A mí me parece necesario hacer una gran difusión sobre lo que significa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, poder rendir cuenta desde la propia autoridad de aplicación de los pasos que vamos dando. Es importante entonces que el conjunto de la sociedad conozca los logros que tuvo la Argentina a partir de su sanción. Se ha hecho muchísimo durante estos tres años también, y me parece importante que la sociedad, que las distintas organizaciones populares, sean protagonistas, como lo fueron en su sanción, para trabajar en la plena vigencia y la aplicación integral. AFSCA va a realizar una campaña en todo el país y convocará a las distintas organizaciones populares para que participen en estos debates.
–Desde ciertos grupos mediáticos concentrados hay un intento de instalar en la opinión pública una serie de argumentos. Por ejemplo, que a partir del 7 de diciembre, parte de ellos tendrían un año más para adecuarse a la ley, una lectura diferente del fallo de la Corte del 22 de mayo…
–El fallo de la Corte es absolutamente claro, el 7 de diciembre es la fecha que todos los grupos tienen como máximo tope para el proceso de adecuación. La ley, que hace tres años que se sancionó, establecía un año como plazo máximo de adecuación. Y ya pasaron tres. Entonces, lo que establece la Corte es que el 7 de diciembre es la fecha tope. Por lo tanto, los planes de adecuación tienen que estar presentados antes y todos los grupos tienen que haber iniciado el proceso de adecuación antes de esa fecha. Después del 7 de diciembre, si no hiciste el plan de adecuación, estás incumpliendo con la ley votada por amplia mayoría en ambas cámaras, o sea que estás fuera de ella, no estás respetando a la justicia y sus decisiones, y por lo tanto no estás respetando la voluntad popular expresada por sus representantes. El 8 de diciembre, el que no inició el proceso de adecuación está incumpliendo la ley y tiene los plazos vencidos para adecuarse. Por lo tanto, la AFSCA tiene que actuar en consecuencia.
–Otro de los argumentos que esgrimen estos grupos mediáticos es justamente que este proceso de adecuación puede afectar las fuentes de trabajo en sus empresas. ¿Cuál es su reflexión al respecto?
–La aplicación integral de la ley no sólo garantiza las fuentes de trabajo actuales sino que amplía las posibilidades laborales. La diversidad también genera nuevas unidades productivas, amplía la matriz productiva vinculada a la comunicación audiovisual y garantiza entonces a las producciones locales, independientes, en las universidades, las provincias y las empresas, más opciones laborales. En eso estamos trabajando con los gremios con quienes nos reunimos y también con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con quien firmaremos un convenio de capacitación y formación para trabajadores de la comunicación audiovisual.
–Una de sus primeras acciones fue poner en marcha la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley. ¿Observa vocación de las fuerzas opositoras para sumarse?
–Le pedimos a la oposición que designe a sus representantes. No lo ha hecho hasta ahora porque creo que ha sido parte del plan de quienes querían desacreditar a la AFSCA o no reconocer esta ley y su autoridad de aplicación. Por eso cuando se constituyó la Comisión Bicameral en 2009, el oficialismo nombra a sus representantes y la oposición no. Durante dos años tuvieron mayoría y no lo hicieron. Hay datos que desenmascaran la estrategia: que la oposición no quiere participar en las instancias que tiene la AFSCA. Por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad nunca envió su representante al Consejo Federal.
–¿Es el único distrito que está en falta?
–No, San Luis también, por ejemplo. Nada les impedía participar en las instancias que contempla la ley; fue una decisión de ellos no hacerlo. Porque en el caso de los representantes de los gobiernos, no hay dudas de que no hay nada ni nadie que se los impida, es simplemente una decisión de ellos.
–Desde diferentes sectores se suele objetar al gobierno por poner el eje de defensa de la ley únicamente en la disputa con el Grupo Clarín, como una herramienta que tiene como único objetivo esa pelea y desatiende otros aspectos de la normativa...
–La Ley de Medios tiene como eje democratizar la palabra y no está hecha para un grupo especial, ni dos ni tres. Está hecha para que la Argentina tenga mayor libertad de expresión, mayor diversidad y mayor pluralidad, y para que haya una comunicación y herramientas comunicacionales que permitan que nuestro pueblo en su conjunto pueda tomar la palabra. Ellos lo tomarán como quieran. Me parece que intentan construir un relato que es absolutamente falso para dar continuidad a ciertos privilegios que tienen algunos grupos. Las posiciones dominantes son justamente las que lesionan la libertad de expresión, pintando la Argentina de un color que no expresa la realidad multicolor de nuestro país. Es imposible pensar en lograr esos objetivos con el nivel de concentración mediática que existe. En este sentido, es fundamental que se cumplan los artículos 45 y 161. Por supuesto que la ley no es solamente esos dos artículos, pero es imposible imaginarse su cumplimiento si no se cumple también con esto.
–Desde la sanción de la ley quedaron expuestos otros obstáculos para llegar al objetivo de la plena aplicación: los fallidos concursos de canales de TV digital y las dificultades de ciertos sectores para el acceso. ¿Qué políticas planea articular en ese sentido?
–Haremos un repaso de los pasos dados y las cuestiones que habrá que corregir. La idea es avanzar con el conjunto de los puntos que establece la ley, y por supuesto con garantizar el lugar de las organizaciones populares sin fines de lucro, de los pueblos originarios, de las organizaciones comunitarias, de las cooperativas de la comunicación. Habrá que llamar a los concursos nuevamente con las condiciones que hagan falta justamente para que esto se logre y vamos a trabajar en ese sentido. Ampliar, diversificar, generar esas herramientas y caminos me parece que es fundamental. Además, esta ley lo que plantea y a lo que convoca también es a un gran debate cultural, de cambio de paradigmas, interpela ese pensamiento hegemónico que ha estado muchos años presente, rompe el molde.
–¿Se debe avanzar todavía con la articulación de un plan técnico para facilitar la adjudicación de licencias?
–Hay que construir un plan estratégico que tenga metas, objetivos de mediano, corto y largo plazo en relación a la comunicación. Son distintos los requisitos para cada uno de los sistemas; lo que está claro es que nadie puede tener más del 35% del mercado, en algunos casos entendiéndose este como el 35% de la población, y en otros casos entendiéndose como el 35% de los abonados. Hay que armar un plan estratégico que además tenga como objetivo un concepto federal, llegar al conjunto del país. Acá hay un trabajo muy intenso durante muchos años y nosotros no creemos que el mundo empieza cuando llegamos.
–Fuera de la discusión sobre el Grupo Clarín, este año hubo una operación, la venta del Grupo Hadad, que supone controversias con la ley. ¿En qué situación está ese proceso?
–Nosotros estamos estudiando expediente por expediente la situación de cada uno de los grupos. Cada uno va a tener que presentar su plan de adecuación y vamos a esperar que este grupo lo haga. La AFSCA discutirá si acepta o no acepta el plan de adecuación que presenta cada uno de manera voluntaria hasta el 7 de diciembre. La ley es pareja para todos y no habrá excepciones ni privilegios para nadie. Todo el mundo. Y además es el mandato de la presidenta. Todo el mundo, sin excepción ni privilegios para nadie. Es una única vara y una única regla que se aplica al conjunto de los licenciatarios.
Fuente: Prensa Argentina
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