La sucesión de errores cometidos permitió ver la magnitud de la trama de corrupción e impunidad en el corazón de las instituciones que tienen a su cargo las políticas de seguridad en nuestra provincia.
Por Carolina Scotto*
La grave crisis institucional desatada por las denuncias periodísticas y las investigaciones judiciales que involucran a los máximos responsables de Drogas Peligrosas de la Policía provincial finalmente puso en jaque la habitual posición impermeable del Gobierno de Córdoba ante los errores propios y las críticas ajenas. Esto ocasionó las renuncias del ministro de Seguridad y del jefe de Policía, y dejó muy mal parados a todos sus voceros, incluido el propio gobernador.
La sucesión de errores cometidos permitió ver la magnitud de la trama de corrupción e impunidad en el corazón de las instituciones que tienen a su cargo las políticas de seguridad en nuestra provincia. El Gobierno provincial se vio forzado a desandar su típica estrategia de minimizar los hechos que vienen afectando su credibilidad (las denuncias sobre corrupción que forzaron la renuncia del ministro de Transporte, las que todavía esperan ser resueltas en el caso del ministro de Agricultura, el salvaje crimen de un joven empresario vinculado con la obra pública provincial aún no esclarecido, por mencionar sólo los más recientes).
Cuando con el silencio no alcanza, se lanza a inventar enemigos externos para tapar las culpas propias. La secuencia esta vez fue más penosa e irresponsable, y en todos los casos fracasó, lo que puso al desnudo el rostro más oscuro del “cordobesismo”, una ideología que gobierna nuestra provincia hace 30 años, aunque con variantes de estilo. Un Gobierno cuya conciencia democrática sólo está sostenida por una retórica dialoguista nunca practicada y una concentración de poder que avasalla la división de poderes y la libertad de prensa cuando le conviene, ambas invocadas de manera recurrente en el discurso, pero sistemáticamente zamarreadas en la práctica. Una sobredosis de estrategias publicitarias sostenidas con los mismos dineros públicos que encubren la ausencia de gestión, severamente perjudicada por tan obscena dilapidación de recursos. Y, sobre todo, una apelación a la identidad y los derechos de los cordobeses, supuestamente atropellados por el Gobierno nacional, con el objetivo de aglutinar la opinión mayoritaria detrás de un gobernador que nos “defiende”, queriendo beneficiar así su pretendida candidatura presidencial mientras se desentiende de su responsabilidad de gobernar.
Un libreto
En el caso de los “narcopolicías”, el Gobierno intentó primero el silencio, pero, obligado por la repercusión de las denuncias, decidió respaldar a sus funcionarios responsables. Con la muerte aún no esclarecida de un policía sospechado, eligió cuestionar las actuaciones de la Justicia Federal así como la seriedad de las investigaciones periodísticas, y con una temeridad asombrosa, en la persona del ahora exjefe de Policía, avanzó aún más: responsabilizó a los periodistas de haber ocasionado ese trágico desenlace. Luego decidió desoír el reclamo de todas las fuerzas políticas opositoras, a las que, como es habitual, ignoró. Finalmente, intentó instalar la existencia de una operación política carente de todo fundamento.
El legislador oficialista Sergio Busso, en la misma Legislatura donde ningún legislador opositor fue escuchado, puso la cara para montar una ridícula interpretación en la que acusó a la Justicia Federal y a la prensa de montar una operación política funcional al Gobierno nacional. La osadía con la que repitió este libreto ante diversos medios de prensa, sin el menor fundamento que lo avalara, no dejó lugar a dudas: quien estaba siendo vocero de una operación política era el propio Busso.
Las siguientes detenciones, los resultados del allanamiento a la sede central de la Policía, con la incautación de drogas y otros elementos, la justificación torpe que ensayó el jefe de Gabinete, Oscar González, para justificar esos hallazgos, y las propias declaraciones del gobernador en las que desconoció a cada uno de sus voceros tuvieron por sí solas la elocuencia necesaria. La operación política oficial no había funcionado.
El manual de estilo “cordobesista” esta vez quedó al desnudo. Funcionarios policiales detenidos e imputados de graves delitos, uno de ellos muerto en circunstancias aún no aclaradas, múltiples denuncias hechas sobre procedimientos poco claros, la intervención habitual de informantes irregulares, son apenas una muestra del costo de no haber mantenido el control civil y estratégico de las fuerzas policiales bajo la órbita de la conducción política del Gobierno, y de una conducción policial poco dispuesta a hacer funcionar los órganos de control interno.
Los avances del narcotráfico en estos últimos años empiezan a tener una explicación más satisfactoria. Una severa sospecha sobre los operativos y las múltiples causas judiciales que originaron deja muchas dudas sobre los éxitos publicitados en la lucha contra el narcotráfico. La libertad de prensa, la independencia de la Justicia, el adecuado funcionamiento de las instituciones y, en especial, de los funcionarios a cargo de las políticas de seguridad se convirtieron finalmente en un generalizado reclamo de todos los sectores de la comunidad y de un amplio espectro de fuerzas políticas de la provincia.
En medio del desastre, es el mejor saldo de esta crisis. Y es también una oportunidad para intentar resolver el manejo de un área tan sensible con funcionarios honestos y profesionales. Sólo así los ciudadanos podrán recuperar la confianza y la seguridad perdidas. Esto dependerá, en gran medida, de los avances de la investigación judicial. Pero dependerá también, sobre todo, de las actitudes que el Gobierno provincial asuma frente a los cordobeses; es decir, de la voluntad de encarar todos los problemas que hace tiempo ha dejado de intentar resolver detrás de la consigna de supuestas agresiones externas, detrás de la vergonzosa bandera del “cordobesismo” que todos los cordobeses estamos pagando tan caro.
*Candidata a diputada nacional, Frente para la Victoria.
Fuente: La Voz del Interior
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