El gobierno de Córdoba termina el año sin haber cumplido la mitad de las promesas asumidas en el acuerdo que firmó José Manuel de la Sota con los bloques de intendentes el pasado 30 de agosto.
De la lectura de ese convenio y del correspondiente chequeo con las distintas bancadas de jefes comunales se deduce que la Provincia sólo respetó los primeros cinco artículos y los últimos que llevan los números 14º, 15º, 16º, 17º y 18º, aunque varios de éstos representan simples cuestiones de forma.
La Provincia cumplió el compromiso de dejar de retener de la coparticipación a los municipios los tres puntos correspondientes al FASAMU (Fondo de Asistencia Municipal) y otro punto porcentual adicional que se utiliza para acrecentar el Fondo Permanente de Financiamiento para los gobiernos locales. Estos compromisos figuraban en los artículos 3º, 4º y 5º.del mencionado acuerdo.
Vale aclarar que recién en los últimos días de este mes la Provincia efectivizó la exigencia de incorporar a ese fondo que actúa como una suerte de banco para todos los municipios y comunas, los 39 millones de pesos de FASAMU que habían sido retenidos entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año. Todo este dinero quedó disponible para la cuota 15 del Fondo Permanente que algunos municipios ya empezaron a cobrar.
Por contrapartida, la administración que lidera José Manuel de la Sota no cumplió por razones que se desconocen los artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y 13º de ese acuerdo institucional.
El artículo sexto es sin dudas el más importante porque tiene que ver con el Fondo de Financiamiento para la Descentralización de Servicios (FOFINDES). En el acuerdo firmado en agosto se estipuló textualmente que “las partes acuerdan en relación al FOFINDES realizar un relevamiento tendiente a analizar la eventual corrección de índices de distribución que en función del desarrollo de asistencia local requieren de actualización”.
Nada de lo prometido ocurrió. Pese a los reclamos constantes de los intendentes, el gobierno siguió aplicando el nuevo criterio de reparto, que implicó quedarse en todo 2012 con 80 millones de pesos que hubieran correspondido a los hospitales y dispensarios municipales.
Tampoco la Provincia cumplió con los artículos 7º y 8º que estipulaban la conciliación de deudas mutuas entre el Gobierno y los municipios hasta el 31 de diciembre de este año y el posterior establecimiento de un nuevo plan de pagos a partir de febrero próximo.
Por causas burocráticas o por la sencilla razón de que la Mesa Provincia- Municipios fue desarticulada en el último cuatrimestre de este año, no se respetaron los artículos que hacen referencia a la necesidad de una cooperación cierta y efectiva en la lucha contra la evasión fiscal, a través de acuerdos entre los municipios y las direcciones generales de Renta y Catastro y la asistencia técnica de la Provincia con nuevos sistemas informáticos de gestión tributaria.
No hubo ningún avance en lo referente al artículo 11 que establecía la posibilidad de que las partes convinieran el cobro unificado de tributos provinciales y tasas municipales con un cedulón único.
Por otra parte, la Provincia no organizó los prometidos seminarios de información con el objeto de propiciar la adhesión al nuevo Código de Procedimiento Tributario Municipal Unificado aprobado por la Legislatura Unicameral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario