martes, 31 de diciembre de 2013

Prorrogan otros tres meses la exteriorización de capitales

Fue prorrogado por otros tres meses el proceso de exteriorización de capitales no declarados, al vencerse hoy la primera extensión del plazo para acogerse al régimen contemplado en la ley 26.860. De acuerdo con la medida publicada en el Boletín Oficial, el régimen seguirá vigente hasta fin de marzo
Con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y del ministro de Economía, Axel Kicillof, la decisión fue dispuesta a través del decreto 2170/2013, publicado hoy en el Boletín Oficial . 
    
De esta forma, el plazo para adherirse al plan se extenderá desde el 1 de enero y por un período de tres meses calendario. 
    
Esta es la segunda vez que el Poder Ejecutivo Nacional decide prorrogar el proceso para la exteriorización de divisas no declaradas, puesto que el 1 de octubre último también había extendido por tres meses el tiempo para acogerse a la medida. 
    
Al igual que en la oportunidad anterior, el Gobierno explicó en los considerandos del decreto que adoptó la decisión por "razones operativas y con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley Nº 26.860". 
    
Asimismo, recordó que "la referida exteriorización comprende la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior al 30 de abril de 2013, inclusive", además de aquella tenencia "que resulte del producido de bienes existentes" a la misma fecha. 
    
Finalmente, destacó en el texto que "la exteriorización de capitales permite emplear recursos líquidos ociosos para financiar inversiones productivas y sociales que apuntalen el proceso de crecimiento, profundicen la reindustrialización iniciada en 2003 y permitan la inclusión de vastos sectores de la sociedad". 

Prensa Argentina
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Feliz Año Nuevo!!


Que nunca falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir ...

Que el año que ahora empieza esté repleto de alegrías, salud, esperanza, trabajo y prosperidad.

¡Feliz Año Nuevo!

Son los votos de Gestión y Proyecto Nacional - Argentina
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lunes, 30 de diciembre de 2013

"La inversión en materia energética en estos diez años es más de un tercio de toda la historia"


El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó la necesidad de "seguir invirtiendo en generación" y sostuvo que "las empresas de distribución, sean públicas o privadas, tendrán que hacerse cargo para mejorar sustancialmente los problemas de media y baja tensión". Y anunció que desde enero el ENRE analizará la aplicación de multas.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó hoy que el volumen de inversión en materia energética realizada por el gobierno nacional en los últimos diez años "es más de un tercio de lo que se hizo en la historia argentina". En este sentido, destacó la necesidad de "seguir invirtiendo en generación" y sostuvo que "las empresas de distribución, sean públicas o privadas, tendrán que hacerse cargo para mejorar sustancialmente los problemas de media y baja tensión".

"El volumen de inversión en materia energética que se hizo en estos 10 años representa más de un tercio de lo que se hizo en la historia argentina", aseveró Capitanich al dialogar con la prensa esta mañana en la Casa de Gobierno.

Télam
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El Gobierno volvió a prorrogar la devolución del 5 por ciento del IVA para las compras con débito


La medida que extiende por un año más a partir del 1 de enero la vigencia del beneficio contemplado en los decretos 1402 y 1548 del año 2001 fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través de la resolución 38, firmada por el ministro de Economía Axel Kicillof.

En el artículo 2 de la normativa se aclara que quedan exceptuadas del régimen de devolución parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) las compras de combustibles líquidos y gas licuado.

En los considerandos se indicó "que aún continúan vigentes los motivos que oportunamente dieron lugar a la implementación del mecanismo de retribución para las operaciones de compra de bienes muebles o contratación de servicios que los consumidores finales abonen mediante tarjetas de débito, por lo cual resulta aconsejable prorrogar su vigencia desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, ambas fechas inclusive".

Télam
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domingo, 29 de diciembre de 2013

Analizan con Copal estímulos a la cadena alimenticia

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela, recibió al presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, al fin de optimizar la promoción de las cadenas productivas vinculadas a los alimentos y darles una mirada integral.

Acompañado del secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, el secretario de Coordinación Político-Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez, y el Jefe de Gabinete de la cartera agropecuaria, Héctor Espina, Casamiquela destacó que "es necesario el diálogo permanente para crear acciones estratégicas, que promuevan la adopción de herramientas para la producción primaria, en especial en prácticas de manejo de los recursos naturales y sistemas de producción compatibles con el desarrollo sustentable en lo económico, social y ambiental".
Asimismo, dijo que "debemos atender con una mirada integral la producción de nuestro país. Esto significa trabajar también con los ministros de agricultura de las provincias, con el fin de identificar, planificar y ejecutar distintas acciones en pos de optimizar los recursos humanos de las regiones".
Tras la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Gris de la cartera agropecuaria nacional, Funes de Rioja manifestó que "ésta es nuestra primera reunión con el ministro Casamiquela, quien recibió nuestras inquietudes en materia de competitividad para la industria de alimentos y bebidas vinculadas a las economías regionales".
En este sentido, el presidente de la Copal manifestó que "tenemos una necesidad permanente de estar en contacto con el ministro, porque este ministerio nos va a dar la posibilidad de sostener un intercambio positivo, no sólo a nivel productivo sino también en lo relacionado al contralor y al trabajo conjunto".
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios -COPAL- es una organización empresaria que nuclea a empresas de la industria alimentaria y de bebidas, y representa a 34 Cámaras asociadas de todo el país.
De la reunión participaron también por Copal: Osvaldo Cappellini; Enrique Díaz; Miguel Paulón, Guillermo Padilla, José María Lazzara, Carlos Bernardez y Mercedes Nimo.

Prensa Argentina
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sábado, 28 de diciembre de 2013

La inversión del estado nacional en educación, ciencia y tecnología se multiplicó por ocho


Los recursos destinados por el Gobierno Nacional a las áreas de educación, ciencia y tecnología, pasaron de 5 mil millones de dólares en 2004, a 38 mil millones en 2013, y así se multiplicaron 7,6 veces en diez años.

El dato fue destacado en un informe del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP), que subrayó que en 2004, el presupuesto en estas áreas representaba 0,8 por ciento respecto del Producto Interno Bruto, y en 2013 casi se duplicó, pasando a representar 1,4 por ciento del PIB para el cierre de este año.

"La educación es una de las bases de las políticas de Estado que se han venido implementando desde 2003 en adelante", afirmó el GEENaP.

Al respecto, subrayó que "el gobierno nacional tomó la decisión de enfrentar el flagelo de la analfabetización a través del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs)".

Precisó que "la primera etapa se destinó a jóvenes y adultos mayores de 18 que terminaron de cursar el último año de la educación secundaria y adeudan materias", y añadió que en un segundo estadio, desde 2009, se amplió a la misma franja etaria de "quienes no iniciaron o no terminaron la primaria o la secundaria".

También indicó que "para promover la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país se creó el programa Conectar Igualdad en abril del 2010 a través del decreto 459/10".

Puntualizó que "su objetivo es entregar una netbook a todos los estudiantes y docentes de las escuelas públicas secundarias, de educación especial y de los institutos de formación docente", y precisó que "el último dato disponible, refleja que se entregaron 3.800.000 netbooks".

El análisis también señaló que "se encuentra el Plan Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) para carreras científicas y técnicas, para los alumnos de bajos recursos que ingresen al Sistema de Educación Superior, así como también a aquellos que estén cursando los últimos dos años de ingeniería y adeuden entre 3 y 15 materias para finalizar sus estudios".

Puso de relieve "la solución de la brecha de las grandes ciudades y el interior a través de líneas de financiamiento del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) cuyas prioridades fueron fijadas por las autoridades provinciales y están estrechamente relacionados con las necesidades regionales".

"Asimismo, se continúa con la planificación a largo plazo a través del Plan Nacional Argentina Innovadora 2020, que contó para su conformación con la participación de los distintos actores involucrados a través de una metodología de trabajo participativa", concluyó el análisis.

Télam
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viernes, 27 de diciembre de 2013

Casamiquela recibió a Paco Pérez y representantes de la Coviar


En el marco de las políticas que la cartera agropecuaria nacional impulsa para profundizar el apoyo al sector vitivinícola argentino, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación, Carlos Casamiquela, se reunió hoy con el gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, y la Comisión Directiva de la Coviar, para analizar la situación del sector y trazar metas de trabajo conjuntas a futuro.

"La Argentina recuperó mercados de exportación y cambió sus niveles de inversión, demostrando que el sector vitivinícola tiene grandes capacidades para reaccionar frente a estos estímulos", afirmó el titular de la cartera agropecuaria nacional, y detalló que durante el encuentro "se coincidió en temas más estructurales, como el retorno de ganancia al productor y el precio razonable al consumidor". 

Durante el encuentro se analizaron las perspectivas del sector para el año próximo y las políticas a implementarse para promover la competitividad de vinos y mostos. 

Cabe recordar que a principios de diciembre, Casamiquela firmó la Emergencia Agropecuaria para diversos departamentos mendocinos, como consecuencia de las heladas tardías que afectaron los cultivos de durazno, ciruelo, cerezo, almendro y damasco, y los hortícolas como el melón y el zapallo.

Por su lado, el gobernador agradeció a Casamiquela por la reunión y afirmó que "el objetivo es tonificar con políticas públicas el mercado vitivinícola y, fundamentalmente, la asistencia que requiere un sector apuntado al pequeño productor", asimismo agregó que "existen alrededor de 220 mil hectáreas plantadas de viñedos y que el 75% del mismo está en manos de pequeños productores de menos de 10 hectáreas, es decir, minifundistas que necesitan la presencia del Estado nacional y provincial en su organización y asistencia tanto financiera como técnica". 

En tanto, la presidenta electa de la Coviar, Hilda Vaieretti, manifestó que "fue una reunión sumamente productiva y proactiva. Me siento muy gratificada y se que todos los compañeros que vinieron tienen el mismo sentimiento. Creo que vamos por un muy buen camino para el sector vitivinícola argentino", y agregó que "el ministro conoce el trabajo del hombre rural, por lo que fue un trabajo de ida y vuelta muy productivo". 

Casamiquela estuvo acompañado por el Secretario de Coordinación Político-Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez; la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Carla Campos Bilbao; el Jefe de Gabinete de la cartera agropecuaria nacional, Héctor Espina; el Subsecretario de Desarrollo de Economías Regionales, Luciano Di Tella; y el titular del PROSAP, Jorge Neme. 

Otras autoridades que también estuvieron presentes en la reunión fueron el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Guillermo García; el ministro de Agroindustria de Mendoza, Marcelo Barg; representantes del Ministerio de Producción de San Juan, la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), la Cámara Vitivinícola de San Juan, la Unión Vitivinícola Argentina, la Federación de Cámaras Vitivinícolas y la Asociación de Viñateros de Mendoza. 

Convenios 
El viernes pasado se habían entregado convenios por 59 millones de pesos distribuidos de la siguiente forma: 
- 24 millones de pesos para el Programa de Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina. 
- 20 millones de pesos del Fondo de Emergencia Agropecuaria. 
- 10 millones de pesos para Proyecto Planta Multipropósitos de Elaboración de Pulpa de Frutas y Derivados. 
- 5 millones de pesos para Empaque Comunitario "Verduras para Todos".

MAGyP

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VIDEO: Kiciloff destacó que la política con las provincias es de "verdadero federalismo"

El Ministro de Economía, Axel Kicillof, expresó que la firma de convenios para la refinanciación de las deudas públicas provinciales con la Nación constituye un "verdadero federalismo", ya que permitirán a las provincias un ahorro de 10 mil millones de pesos en 2014. 

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El acuerdo con los gobernadores significará "un alivio significativo"


El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que los acuerdos que la Nación suscribirá hoy con 18 provincias para refinanciar sus deudas significará "un alivio significativo en las cuentas públicas provinciales".

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que los acuerdos que la Nación suscribirá hoy con 18 provincias para refinanciar sus deudas,significará "un alivio significativo en las cuentas públicas provinciales".

En rueda de prensa en Casa de Gobierno, Capitanich explicó que los acuerdos, que serán suscriptos a las 11, implicarán un "ahorro neto para las jurisdicciones provinciales mediante compensaciones por 11 mil millones de pesos", lo cual representará un "alivio significativo en las cuentas públicas provinciales". 

En ese marco, el jefe de Gabinete destacó el incremento que se produjo en los últimos 10 años de las transferencias nacionales a las provincias. 

Capitanich sostuvo hoy que el "Estado genera una transferencia de fondos muy significativa de recursos a la administraciones provinciales". 

Por este motivo, resaltó que "estamos suscibiendo este convenio con aportes del Tesoro Nacional, y también a fin de aliviar el flujo de las deudas que tienen que pagar las provincias en 2014". 

En la conferencia que brindó en Casa de Gobierno, Capitanich agregó que el Estado transfiere a las provincias el equivalente al 74 por ciento del presupuesto nacional. 

"Si vemos la totalidad de los recursos transferidos en 2013 fueron de 856.744 millones de pesos, y si les agregamos los 634.840 millones que se dieron a las distintas juridicciones provinciales se observa que las provincias argentinas reciben en sus juridicciones el equivalente al 74 por ciento del Presupuesto Nacional asignado", enumeró.

Télam
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jueves, 26 de diciembre de 2013

Capitanich volvió a responsabilizar a las distribuidoras y dijo que se analizan varias hipótesis de trabajo


El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que la reestatización del servicio de distribución de electricidad es "una de las hipótesis de trabajo" que analiza el Gobierno en el caso de que las empresas no cumplan con el contrato de concesión, y que a esto también se suma la posibilidad de que tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad de Buenos Aires se hagan cargo del servicio.

"Es una de las hipótesis de trabajo", dijo Capitanich al ser consultado por la prensa respecto a si el gobierno continúa analizando la posibilidad de reestatizar el servicio, tras lo cual agregó que "también existen otras hipótesis de trabajo como la posibilidad de la transferencia directa a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El jefe de Gabinete planteó estas hipótesis de trabajo al participar de la firma de un acuerdo hidrocarburífero entre la provincia de Chubut y la petrolera nacional YPF, oportunidad en que volvió a responsabilizar a las empresas Edenor y Edesur de los inconvenientes registrados en la prestación del servicio eléctrico.

Télam
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El Partido Justicialista bonaerense realiza mañana su primer congreso tras la elección de Espinoza


Las autoridades del PJ bonaerense, encabezadas por el intendente de La Matanza, convocaron para mañana al congreso "Néstor Carlos Kirchner", en el que reafirmarán "el apoyo incondicional a la Presidenta y al gobernador Daniel Scioli".

Tras las elecciones internas realizadas el 15 de diciembre y la asunción de Espinoza como titular del PJ bonaerense el 19, se dio por concluido el proceso de normalización partidaria.

De esta manera, las autoridades que integran el nuevo Consejo llamaron a realizar el Congreso Néstor Carlos Kirchner, que se llevará a cabo a partir de las 9 en el Patio de las Américas de la Universidad de La Matanza, en Florencio Varela 1903. 
El congreso estará encabezado por Espinoza y contará con la presencia de las nuevas autoridades.

En el comunicado de convocatoria, las autoridades señalaron que se presentará un documento para "reafirmar el apoyo incondicional" a Cristina y al gobernador Scioli pidiendo por "la defensa de la democracia y la paz social en este fin de año".

Espinoza encabezó la lista que se impuso en las internas partidarias, en las que participaron unos 400.000 afiliados del peronismo bonaerense.

Tras su triunfo, Espinoza aseguró que bajo su conducción "el peronismo saldrá a debatir con todos los sectores sociales para fortalecer el modelo de inclusión que el kirchnerismo lleva adelante en Argentina desde hace más de una década".

"Queremos un partido que salga a discutir con todos los sectores sociales. Con los empresarios, los trabajadores, los productores del agro, pero fundamentalmente con los jóvenes. Queremos ampliar las bases de la militancia en los centros de estudiantes de los colegios secundarios y las universidades", señaló Espinoza en declaraciones a Télam.

La lista de unidad que encabezó el intendente de La Matanza cosechó cerca de 400.000 votos, un guarismo que para el dirigente constituyó "un ejemplo de participación democrática que es muy difícil de verificar en algún otro partido político".

Espinoza aseguró que el justicialismo bonaerense estará abierto a reincorporar a todos los dirigentes que dejaron el partido, "siempre y cuando sean respetuosos de esta conducción" legitimada en elecciones internas.

Respecto del resto de los cargos, los candidatos distritales identificados con el kirchnerismo se impusieron y conducirán al Partido Justicialista en la mayoría de las localidades, incluso en aquellos municipios en los que gobierna la oposición.

Uno de los resultados más destacables se dio en la ciudad de Bahía Blanca, donde se impuso la Lista 2 encabezada por Juan Leiva y apadrinada por el titular local de la Agencia Recaudadora de Buenos Aires (ARBA), Iván Budassi.

Otra de las derrotas sufridas por el sector de Sergio Massa, se registró en pleno corazón del conurbano bonaerense, en Almirante Brown.

Allí, a pesar del triunfo massista del mes de octubre, la lista que responde al intendente Darío Giustozzi perdió ante la lista "Peronismo para la Victoria", identificado con el oficialismo nacional.

De esta manera, los electores del Almirante Brown consagraron como presidente del PJ distrital a Juan José Fabiani y a Mariano Cascallares como primer concejal provincial.

El Frente Renovador realizó una buena elección en los distritos de Malvinas Argentinas y San Martín: En esta última localidad, la lista encabezada por la diputada nacional renovadora Graciela Camaño, derrotó al candidato metalúrgico Osvaldo Lobato, que contaba con el apoyo de la CGT de Hugo Moyano.

Por su parte, los afiliados justicialistas de Tandil coronaron al titular de la Anses, Diego Bossio, como presidente del PJ local.

Télam


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Amplían subsidios a Pymes para parques industriales


La ministra de Industria, Débora Giorgi, dispuso que el año próximo los Aportes No Reintegrables (ANR) a parques industriales públicos pasen de $ 600 mil a $ 3 millones y que los créditos subsidiados para radicación de pymes también puedan ser usados para localizarse en un parque privado.
El Ministerio de Industria quintuplicó el monto de Aportes No Reintegrables (ANR) para obras de infraestructura interna en los parques industriales públicos de todo el país. Los municipios que accedan a este beneficio recibirán tres millones de pesos (hasta ahora el tope era de $ 600 mil).

Además, la cartera industrial subsidia la tasa de interés de préstamos del Banco Nación destinados a la radicación o ampliación de PyMEs en parques industriales públicos, que a partir de ahora se podrá usar para instalarse en un parque privado.

“Multiplicamos esfuerzos y recursos año a año para profundizar el crecimiento de los parques industriales. Esta es una decisión de la Presidenta, que es la garante del proceso federal en marcha”, sostuvo Giorgi.

El Ministerio de Industria incentiva, también, a que los parques cuenten con una “Incubadora de empresas”, que consiste en ofrecerle a emprendedores un espacio físico y diferentes servicios para que pongan en marcha sus proyectos y así colaborar en la etapa inicial de un emprendimiento, donde se origina la mayor cantidad de traspiés en las empresas nuevas. Se destacan las experiencias positivas de los parques industriales Posadas y Tecnológico Litoral Centro.

En el mismo sentido, Industria favorece la construcción de centros de capacitación para los trabajadores del parque. Pueden edificar y equipar, por iniciativa de firmas radicadas en el lugar, y luego el Estado devuelve la inversión a través de crédito fiscal, para pagar impuestos nacionales.

El Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos ya cuenta con 112 parques inscriptos (de 18 provincias) en su Registro Nacional de Parques Industriales (Renpi) y más de 150 que tramitan su inscripción. 75 parques ya recibieron ANR para obras intramuros por un total $ 36 millones.

Argentina cuenta con 315 parques industriales en funcionamiento, con 7.700 empresas alojadas que emplean a 240.000 trabajadores. Además, hay otros 223 parques en proyecto y el objetivo es llegar a un total de 550 parques en 2020. En 2003, había sólo 80 de estos entramados.

En las distintas regiones del país, el crecimiento de los parques se vincula a la industrialización de materias primas específicas;  por ejemplo, el Proyecto Parque Industrial Añelo, en Neuquén, está vinculado a la industria del petróleo en la entrada del yacimiento Vaca Muerta.
El descubirmiento de reservas de hidrocarburos no convencionales trajo a esa región un alto desarrollo urbano, que desbordó la infraestructura original de Añelo y llevó a las autoridades locales a ampliar la prestación de servicios a empresas dedicadas a la exploración de petróleo.

Otro tipo de parques industriales que el Ministerio de Industria incentiva son los tecnológicos, como los de Litoral Centro, TIC Mendoza, Biotecnológico de la Universidad Nacional de Cuyo, Tecnológico de Misiones, de Villa María y de Gualeguaychú.
Prensa Argentina
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miércoles, 25 de diciembre de 2013

"El Frente Renovador deberá dar cuenta de las promesas que hizo en la campaña", expresó Teresa García


La diputada nacional del Frente para la Victoria, Teresa García, aseguró que el Frente Renovador que lidera Sergio Massa, "va a tener que dar cuenta de todas las promesas de campaña" y pronosticó que 2014 será "un año parlamentario muy intenso".

García, secretaria parlamentaria del bloque del FPV en la cámara baja, realizó un balance de la actividad parlamentaria del 2013 y adelantó que el año próximo será "muy intenso" a nivel legislativo y estimó que el Congreso se convertirá en "la caja de resonancia de los armados nacionales" de cara a 2015.

"Va a ser un año muy intenso políticamente, a flor en la discusión diaria, a partir de que se ha integrado este bloque de Massa nuevo que va a tener que dar cuenta de todas las promesas en campaña de todo lo que planteó a modificar y además con la incorporación de los diputados de izquierda, que van a dar debate", enfatizó la diputada en una entrevista con Télam.

Puso de relieve que 2013 fue "un año muy intenso en el recinto y en las comisiones, ya que a pesar de haber sido un año electoral hubo casi una sesión por mes: un promedio muy alto respecto a otros períodos con elecciones".

Entre otras cuestiones, García destacó el trabajo parlamentario en función del Código Civil y la reforma de la justicia, "donde hubo mucho debate y discusión política".

Nacida en San Isidro, donde milita desde su juventud, García fue electa diputada nacional en 2005, reelecta en 2009 y en las últimas elecciones volvió a renovar su mandato y su cargo en la secretaría parlamentaria del bloque, donde sus colegas destacan su capacidad de trabajo y diálogo con la oposición.

Para 2014, Teresita -como la llaman en el bloque- adelantó que más allá del temario pendiente, los diputados esperan el mensaje que brinde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, para conocer cuál será la agenda que marcará el año parlamentario.

"Va a haber un debate legislativo muy intenso, rico y comprometido. Nuestra intención es ir profundizando este modelo. Sabemos que hace falta también más soporte legislativo, pero sabremos cuál será la avenida por la que vamos a transitar el día que la Presidenta inaugure las sesiones", estimó.

Respecto a las "deudas legislativas", García mencionó la sanción definitiva del Código Civil y "cumplir con distintos sectores como en temas de salud para abarcar a sectores específicos como lo venimos haciendo".

Destacó que, más allá del resultado de las elecciones de octubre pasado, el bloque del Frente para la Victoria seguirá siendo el mayoritario en la cámara baja y continuará manteniendo su número de aliados para reunir quórum de 129 diputados.

Al hacer referencia a la oposición, la diputada cuestionó a muchos "que ni siquiera van a las comisiones y llegan a las sesiones a la hora de los noticieros, cuando saben que tienen cámara. Algunos ni siquiera están a la hora de votar, como (Elisa) Carrió".

"Hay que trabajar en las comisiones y después ir a las sesiones. El tema del quórum es importante porque es la responsabilidad de quiénes ocupamos una banca", enfatizó la diputada nacional del FPV, quien recordó el intento fallido del denominado Grupo A "que cuando tuvieron número no pudieron aprobar las leyes que ellos mismos proponían".

Al ser consultada sobre los conflictos con las policías provinciales que se registraron días atrás, Teresa García consideró que "hubo y hay un intento de deterioro de la imagen de la Presidenta y, sin embargo, hay una reacción y una toma de iniciativa permanente de parte de ella".

"Todo conflicto se arma en función de un pedacito de realidad. Había un reclamo de servidores públicos de seguridad legítimo pero que fue aprovechado por sectores mezquinos", lamentó la diputada nacional.

Respecto al 2015, García sostuvo que "los que nos dan por caídos, como en el 2009, se equivocan. El peronismo y el kirchnerismo en particular tienen una fuerza enorme, si hay algo que ha sabido construir este proceso es mucha presencia en territorio y la cercanía con la gente".

"El FPV está fuerte y una de las fortalezas es la enorme cantidad de jóvenes que milita, participa. Ese legado se lo debemos a Néstor, la recuperación del poder político y la reivindicación de sectores que estaban ausentes como los jóvenes que se incorporaron a la vida política masivamente, no sólo a nuestro proyecto", destacó finalmente.

Télam
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De la cultura de la evasión y el desamparo en los `90, hoy se pasó a que 8 de cada 10 empleos sean registrados


En el marco del diálogo social fueron presentados en la Casa Rosada el Plan Integral de acciones para continuar reduciendo la informalidad laboral y las políticas implementadas por el gobierno para combatir el trabajo no registrado en los últimos diez años. Hoy, de cada 10 empleos 8 son registrados.

Cada 10 empleos netos generados en la década de los `90, 9 eran sin registrar: se fomentaba la cultura de la evasión, del trabajo sin regulaciones, sin indemnizaciones, sin sindicatos, sin negociación colectiva. Hoy, de cada 10 empleos generados 8 son trabajadores registrados.

En un informe sobre trabajo no registrado elaborado por la cartera laboral, se indica que desde el 25 de Mayo de 2003, con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, nuestro país inició un proceso de recuperación de derechos tras la devastación generada por el neoliberalismo, donde el 50% de los trabajadores tenían cercenados sus derechos a un salario justo, a una jubilación y a una obra social. 

El proyecto político puesto en marcha en 2003 con un enfoque socio productivo con eje en la promoción del trabajo registrado, instaló un círculo virtuoso que permitió la creación de empleo “con derechos”, mientras se reducía la desocupación, el trabajo no registrado y la informalidad. 

Las políticas activas desarrollas por el MTEySS, en consonancia con este enfoque, acompañaron con el despliegue de acciones concretas que contribuyeron a la reducción del trabajo no registrado. 

Es en este marco, que se creó en septiembre de 2003, el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) con el objetivo de reconquistar la presencia y facultad inspectiva del Ministerio de Trabajo. Fue presentado por el presidente Kirchner en el salón Blanco de la Casa de Gobierno

Si bien los empleadores tienen la obligación de declarar y registrar a los trabajadores, es el Estado, mediante este plan, quien pone en práctica su rol de contralor de la normativa laboral y de la seguridad social, verificando su cumplimiento; logrando así la registración plena de los trabajadores en consonancia con lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente: trabajo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

Una fuerte campaña de concientización y la coordinación de acciones con la AFIP y los gobiernos provinciales, generaron un progresivo cambio en el comportamiento social, aún insuficiente.

El Ministerio de Trabajo a través de sus inspecciones, fiscalizó más de 1 millón de empresas y de 3 millones de trabajadores.

Fábricas, industrias, comercios, obras en construcción, establecimientos rurales, fueron inspeccionados para corroborar si los empleadores tenían registrados a sus trabajadores. Operativos de fiscalización que permitieron bajar la tasa de informalidad en 18 puntos porcentuales. Puede decirse que más del 30 por ciento de los trabajadores que estaban en situación de no registro en 2003 fueron regularizados merced, entre otras circunstancias, al mencionado plan.

Una tarea que se hizo con una firme convicción: poner al trabajo registrado en el centro de las políticas públicas. De 40 inspectores en 2003 se pasó a incorporar a más de 400. Las Delegaciones Regionales de esta cartera llegan a más de 40 en todo el país, las que fueron dotadas de equipamiento informático, instrumental y de vehículos que puedan ingresar a lugares que antes le eran inaccesibles y arribar así a lo largo y a lo ancho del país.

En la actualidad, el “inspector digital” reemplaza a las inspecciones que se realizaban en actas de papel. Hoy los inspectores cargan los datos de los trabajadores relevados en una netbook y estos quedan guardados automáticamente en el servidor central del Ministerio. Celeridad y transparencia fueron principios perseguidos desde el primer día. Con esto se logró el “control en tiempo real”.

En ese contexto, y porque todos los trabajadores tienen que acceder a los mismos derechos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de impulsar dos leyes que impactan directamente sobre dos colectivos históricamente postergados: los trabajadores rurales y las trabajadoras de casas particulares, poniéndolos en pie de igualdad con el resto de los trabajadores.

Avances y desafíos para una Argentina no inclusiva

El trabajo no registrado es uno de los principales problemas que enfrenta el mercado de trabajo argentino desde mediados de los años noventa y que sólo mejoró su tendencia negativa en los últimos 10 años. Sin embargo, pese a la mejora sostenida en los últimos años, continúa representando una preocupación central del Gobierno Nacional. 

Conforme a la información recogida por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC) en los principales centros urbanos del país, durante el primer trimestre de 2013, el 32% de los trabajadores en relación de dependencia no se encontraban registrados en la seguridad social. 

Los trabajadores no registrados no tienen garantizada la cobertura médica para ellos y sus familias, no reciben la totalidad de los beneficios del sistema contributivo de asignaciones familiares en el caso de tener una familia o hijos a cargo y probablemente no recibirán los beneficios de la jubilación cuando se retiren del mercado laboral, ni contarán con el seguro por desempleo en el caso de ser despedidos. 

Esta situación se complementa con la ausencia casi total de beneficios laborales no ligados directamente a la seguridad social –empezando por la indemnización por despido, las vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura por accidentes de trabajo-, la falta de afiliación sindical y la percepción de ingresos por debajo de los establecidos en los convenios colectivos y por el Salario Mínimo Vital y Móvil. Por todo esto, el trabajo no registrado constituye una expresión cabal de la precariedad laboral.

Si bien el trabajo no registrado se ha instalado desde hace muchos años en nuestro país como una de las problemáticas más graves que afectan las condiciones laborales de los trabajadores, por primera vez a partir de 2003 se produce un cambio sustancial en la política pública al instalar al Trabajo Decente como su objetivo central. 

El nivel de empleo y su calidad pasan a ser variables relevantes tanto para la política socio-laboral, como para la política económica. Como prueba de ello, en la actualidad, la Argentina es la primera Nación latinoamericana en incorporar el trabajo decente como objetivo de su ordenamiento normativo laboral y su política pública.

Las consecuencias de las políticas neoliberales implementadas durante las décadas pasadas fueron nefastas para las condiciones laborales de los trabajadores. A partir de mediados de los años 70 con el quiebre del orden democrático y del modelo productivo de “industrialización sustitutiva de importaciones”, se inició un régimen neoliberal en lo económico y represivo en términos de libertades individuales y colectivas, que promovió y generó un profundo debilitamiento de las instituciones laborales. 

Este proceso dio lugar a un incremento del empleo no registrado sin antecedentes en nuestro país. La incidencia de la informalidad laboral (de los asalariados), entre 1980 y 2000, prácticamente se duplicó. La extensión de la problemática se instaló de manera estructural ya que no se modificó con el devenir de la actividad económica: incluso en distintos períodos de crecimiento económico y con diferentes políticas, la informalidad laboral mantuvo su tendencia ascendente. 

Por el contrario, desde el año 2003 en adelante se entiende al trabajo no registrado como una problemática de origen multicausal y de perfil heterogéneo que requiere, por lo tanto, un conjunto de políticas activas sociales, laborales y económicas que atiendan a cada uno de sus determinantes y consecuencias. 

Por ello, la estrategia integrada de políticas que se llevaron adelante ha permitido reducir por primera vez la incidencia del trabajo no registrado. Sin embargo, el nivel que aún alcanza esta problemática exige la incorporación de nuevos instrumentos de política para tender a su erradicación definitiva.

El artículo cuenta con tres secciones. En la primera se describen esquemáticamente las políticas implementadas desde el año 2003 para enfrentar la informalidad laboral. En la segunda sección se muestra el impacto de las mismas en la reducción de la problemática. En la última sección se analizan sintéticamente las principales características que presenta el trabajo no registrado en nuestro país. 

Esquema de políticas implementadas desde 2003 para reducir el trabajo no registrado 

El modelo de intervención política para enfrentar la informalidad laboral quedó planteado en el año 2004 cuando el Presidente Néstor Kirchner lanzó desde el Salón Blanco el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, hecho inédito en la historia de las instituciones laborales en el país. 

El abordaje se caracteriza por articular e integrar una diversidad de programas y acciones que atienden a los diversos factores que le dan origen y al perfil heterogéneo de su caracterización. 

El modelo actual no involucra sólo a la política socio-laboral, sino también a un amplio abanico de otras acciones, entre las que se destaca la política económica. En este sentido, el actual esquema de políticas para enfrentar la informalidad cuenta con dos objetivos prioritarios:

• Reducir el trabajo informal promoviendo el trabajo decente, de calidad, con los derechos y beneficios establecidos por la normativa laboral, incorporando a la formalidad a grupos poblacionales vulnerables.
• Extender la protección social para los trabajadores que aún permanecen en la informalidad o en el desempleo, mejorando las condiciones de empleabilidad y accesibilidad al empleo de calidad.

Las acciones puestas en práctica con el fin de reducir el trabajo no registrado a través de la promoción del empleo de calidad tienen como punto de partida la remoción de los distintos factores que le dan origen. En el siguiente cuadro se sintetizan los determinantes que originan la informalidad y las principales acciones que se implementaron para darles respuesta. 
Determinantes, políticas y acciones implementadas desde 2003.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL.

En esta breve exposición de las diversas acciones ejecutadas en la lucha contra el empleo no registrado, no se puede dejar de hacer referencia a que se trata de mecanismos, que a pesar de los excelentes resultados alcanzados desde el 2003, son lentos en el cumplimiento de sus objetivos, ya que es una problemática vinculada a procesos endógenos y exógenos. 

En este contexto y con plena conciencia de esta característica, el Gobierno Nacional ha acompañado estas acciones con un conjunto de políticas vinculadas a brindar cobertura universal de derechos para niños y mayores, construyendo así un real “piso de protección social”.

Desde el punto de vista de las políticas orientadas extender la protección social para los trabajadores que aún permanecen en la informalidad o en el desempleo se destacan, la Asignación Universal por Hijo, la moratoria previsional y los ajustes automáticos de los haberes jubilatorios.

Resultados del esquema de políticas en la reducción del trabajo no registrado

El nuevo enfoque dado a las políticas públicas desde el año 2003 dio lugar a los logros socio-laborales más relevantes de los últimos 50 años, modificando la estructura ocupacional del país.
Evolución del empleo asalariado registrado del sector privado. Promedios anuales. En miles de empleos. Total país.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL en base a datos de OEDE (SIPA).

La inserción sistemática de trabajadores en el empleo registrado ha sido uno de los principales mecanismos del actual esquema de políticas, para enfrentar las problemáticas socio-laborales existentes. El crecimiento del empleo formal fue un factor determinante para la reducción de la precariedad laboral y del desempleo, para el fortalecimiento de la negociación colectiva, la extensión de la cobertura del sistema de protección social, el incremento de los ingresos, la mejora de la equidad y el aumento de la presencia sindical.

En efecto, desde el año 2003, se verificó un aumento del empleo asalariado registrado del sector privado como nunca se había observado en la historia reciente de nuestro país. En el período comprendido entre 2002 y 2012, la cantidad de trabajadores registrados en las empresas privadas creció un 80%, lo que implica que se crearon alrededor de 2,8 millones de empleos formales en el sector privado en todo el país. Como resultado de esta tendencia, en el año 2012, el número de trabajadores registrados es un 56% superior al record de la década pasada (1998) durante la vigencia del régimen de Convertibilidad. 

Este crecimiento sistemático del empleo formal estuvo fuertemente asociado a la expansión y fortalecimiento del entramado productivo nacional. Una prueba elocuente de ello es la instalación de más de 200 mil nuevas empresas formales durante el período comprendido entre 2003 y 2012, lo que significó un incremento del 50% de la cantidad de firmas. De acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el año 2012 se contabilizaban más de 600 mil empresas con empleo asalariado declarado a la seguridad social, un nivel record para los últimos 15 años.

La expansión sostenida del empleo formal configuró una dinámica laboral virtuosa con características únicas en la historia reciente del mercado de trabajo argentino. 

El rasgo distintivo es que, una cantidad significativa de trabajadores ocupados en inserciones precarias (asalariados no registrados o trabajadores por cuenta propia informales) y desocupados, accedieron a empleos registrados, mejorando sus condiciones laborales. 

La incorporación al empleo registrado de trabajadores que estaban en situaciones de precariedad o desempleo define un proceso de “movilidad laboral ascendente” que quiebra la lógica instalada en el mercado de trabajo argentino en las décadas pasadas, por la que un porcentaje creciente de trabajadores estaba obligado a permanecer por largo tiempo en inserciones precarias caracterizadas por una elevada inestabilidad, bajos ingresos y desprovistas de beneficios laborales.

La expansión récord del trabajo formal arrojó como resultado – como se señalara- una significativa reducción de la incidencia del empleo no registrado. 

Así, la tasa de empleo no registrado (el indicador que mide la relación entre el empleo no registrado y el total de asalariados) pasó del 50% en el tercer trimestre de 2003 al 32% en el primer trimestre de 2013, presentando una caída de 18 puntos porcentuales durante el período considerado.

Para dimensionar correctamente la transformación que se produjo en la dinámica laboral logrando reducir en esta magnitud la informalidad, debe analizarse el cambio en la calidad de los puestos de trabajo creados entre el régimen de la convertibilidad y el patrón de crecimiento vigente. 

De forma inversa a lo que sucedía en la década de los noventa, cuando de cada 100 puestos de trabajo asalariados que se generaban 90 eran no registrados; entre 2003 y 2012, de cada 100 puestos creados, 92 son empleos registrados y sólo 8 no lo son.

Evolución de la tasa de empleo no registrado. Total de aglomerados relevados. Período 2003 – 2013.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL en base a datos de EPH (INDEC).

La importancia de la reducción de la informalidad laboral lograda en estos últimos años se valoriza en mayor medida cuando se analiza la evolución histórica de la tasa de empleo no registrado armonizada entre 1980 y 2012.

La evolución del indicador muestra que la incidencia de la problemática del no registro se incrementó prácticamente en todos los años desde 1980 hasta 2004. 

En ese lapso la tasa sólo se reduce en forma algo significativa (al menos un punto porcentual) en 2 de los 24 años transcurridos. Como resultado de este proceso, la incidencia del empleo no registrado en el transcurso de esos años llegó casi a duplicarse (creció un 93%). 

Una característica llamativa de este comportamiento es que esta tendencia creciente se mantuvo tanto en las fases expansivas de la economía como en las fases recesivas y bajo regímenes políticos y económicos diversos. 

El incremento observado en las dos décadas pasadas contrasta con el comportamiento descendente del índice, que se verifica desde 2005 hasta 2012. Esta reducción permitió alcanzar en 2012 la tasa más baja de empleo no registrado de los últimos 21 años, presentando un valor inferior al observado en 1991. 

No obstante, si bien es importante haber alcanzado un nivel similar al verificado al inicio del régimen de Convertibilidad, sin lugar a dudas el logro más importante de las políticas aplicadas en los últimos años es haber quebrado la tendencia creciente y mantener una disminución permanente de la tasa de empleo no registrado desde entonces.

Evolución de la tasa de empleo no registrado “armonizada” . Gran Buenos Aires. Período 1980 – 2012.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL en base a datos de EPH (INDEC).

Es claro, entonces, que la tasa de trabajo no registrado en la actualidad no puede ser atribuida al modelo socio-económico vigente, sino a los múltiples factores que en décadas pasadas determinaron su crecimiento hasta alcanzar niveles inéditos para la sociedad argentina. 

El análisis histórico muestra que el crecimiento sistemático del trabajo no registrado no fue el resultado de fases recesivas sino que es el producto de una tendencia instalada en la estructura económica de la Argentina, que no pudo ser alterada por los diferentes contextos políticos y económicos que se fueron sucediendo hasta el 2003. 

Sin embargo, los avances logrados en la reducción del trabajo no registrado no implican que la problemática se haya resuelto, ni que la dimensión actual sea razonable ni deseable para nuestro país. Es por ello, que el Gobierno Nacional ha definido la necesidad de desarrollar nuevas acciones e instrumentos que apoyen a los ya existentes, con el fin de continuar disminuyendo la situación de ilegalidad a la cual se ven sometidos aún una importante cantidad de trabajadores.

Estructura y características del trabajo no registrado

El empleo asalariado no registrado es un componente del total de la población ocupada que no se encuentra registrada y que, por lo tanto, no percibe los beneficios y derechos que provee el Sistema de Seguridad Social. De acuerdo a la información de la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS), del total de los ocupados no registrados el 65% son empleados bajo relación de dependencia, el 31% son trabajadores por cuenta propia y el restante 4% se divide a la mitad entre empleadores y trabajadores familiares sin salario.

Distribución de la población ocupada no registrada. Total áreas urbanas relevadas. Año 2011.


Fuente: MTEySS – DGEyEL en base a datos de ENAPROSS.

La Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) correspondiente al tercer trimestre de 2012, contabiliza alrededor de 4,5 millones de trabajadores asalariados no registrados en el total urbano nacional. De ese total, más de 2,4 millones se concentran en el trabajo doméstico, el comercio y la construcción. Asimismo, cerca de 2,8 millones de asalariados se concentran en los establecimiento de hasta 5 trabajadores. 

Un aspecto no menor de esta problemática es que, prácticamente, todos los asalariados que se incorporan a empleos no registrados lo hacen en forma involuntaria, ya que el empleador no les dio otra alternativa. En efecto, según el Módulo de Informalidad Laboral aplicado a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) , el 95% del total de los asalariados no registrados se encuentra en esa situación porque el empleador sólo lo aceptaba trabajando de ese modo. 

Otra particularidad relevante del empleo no registrado es que una proporción significativa de la población que sufre esta modalidad de trabajo, cambia de situación ocupacional permanentemente, poniendo en evidencia la existencia de una elevada inestabilidad en este tipo de inserciones laborales. 

En efecto, en un análisis de los cambios verificados en la situación ocupacional de los trabajadores entre dos trimestres consecutivos, realizado en base a la información relevada por la EPH, se observa que el 39% de los trabajadores que ocupan puestos asalariados no registrados en un trimestre, cambia a otra situación ocupacional en el trimestre posterior, alternando principalmente, entre el desempleo, la inactividad y el empleo asalariado registrado.

Distribución del trabajo no registrado según tipo de empleador y formalidad de la unidad productiva. Año 2011.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL, en base a ENAPROSS.

Una de las características más relevantes de la problemática que refleja su heterogeneidad es que el empleo no registrado se origina no sólo en las unidades productivas informales –donde cabe esperar que el empleo comparta las características de la unidad productiva– sino también en las unidades productivas formales y en los hogares. Esta diferente ‘localización’ del trabajo informal revela el origen multifacético de la problemática y demuestra la necesidad de diseñar políticas y estrategias de intervención de distinta índole.

Según la información de ENAPROSS, un 31% del total de los asalariados no registrados trabaja para unidades productivas que emplean a otros trabajadores registrados. Es decir que cumplen, al menos parcialmente, con las obligaciones tributarias, contables y/o laborales. 

Al encuadrarse en al menos algunas normas, las empresas revelan cierto grado de organización interna, niveles de rentabilidad razonables y visibilidad de la unidad económica ante los organismos de contralor, entre otras características relevantes. Esto implica que cerca de un tercio del total del empleo asalariado informal, es el resultado de la evasión de las obligaciones laborales de empresas organizadas y articuladas con la economía legal.

Por su parte, un 44% de los trabajadores no registrados se localiza en unidades productivas que emplean a todo su personal por fuera de la normativa laboral, lo cual implica que se encuentran al margen de gran parte, o de todas, las normas legales que regulan sus operaciones económicas. 

En ellas, el incumplimiento de las obligaciones laborales representa, probablemente, una evasión más y, en principio, en esta categoría, prevalecen las unidades económicas de baja productividad, nivel tecnológico inadecuado y poco organizadas, aunque también existen unidades productivas que logran cierta rentabilidad. 

Una característica común de todos estos empleadores es que no se encuentran identificados como empleadores en ningún registro disponible de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jurisdiccionales, presentando un déficit o nula visibilidad, que obviamente limita la capacidad del Estado para orientar adecuadamente las tareas de fiscalización. 

Finalmente, un 25% de trabajadores no registrados tienen como empleadores a hogares familiares, los cuales constituyen una categoría de patrones diferente de las dos anteriores, debido a que sus objetivos se diferencian de aquellos que persiguen las unidades económicas. 

En efecto, un principio básico que distingue a los hogares del resto de los empleadores, es que ellos no realizan actividades económicas con el objetivo de obtener una ganancia, sino que consumen los servicios domésticos que contratan. Otra característica de este segmento, es que se encuentra fuera del alcance de la acción inspectiva habitual, ya que la fiscalización no puede ingresar directamente a las viviendas familiares sin una orden judicial.

La incidencia del trabajo no registrado al interior de la estructura productiva presenta, también, profundas diferencias. Si bien se encuentra presente en cierta medida en prácticamente todos los sectores económicos, su dimensión y características varía significativamente de acuerdo a la rama de actividad y el tamaño de las unidades productivas. 

Desde la perspectiva sectorial, la informalidad laboral afecta al 67% de los asalariados de la Construcción, al 46% de los empleados de Hoteles y restaurantes, y al 42% de la dotación de personal en Comercio. Por el contrario, la tasa de empleo no registrado alcanza al 8% en Enseñanza y, a alrededor del 20% en Servicios sociales y de salud y, Otros servicios comunitarios, sociales y personales.

Tasa de empleo no registrado según rama de actividad. 4° Trimestre de 2012. Total de aglomerados urbanos relevados.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL, en base a EPH (INDEC).

Asimismo, se verifican importantes diferencias en los sectores de actividad, dependiendo del grado de formalidad de los empleadores.

En este sentido se observan, por un lado, sectores en los que las unidades productivas informales concentran una proporción relevante del empleo asalariado no registrado. Y por otro lado, se identifican actividades donde la mayor cantidad de asalariados no registrados se concentra, casi con exclusividad, en empresas formales.

En el primer grupo señalado, se destaca particularmente Construcción, donde el 85% del total de los trabajadores no registrados de la actividad se concentra en unidades productivas informales. Otros dos sectores donde el 71% del total del trabajo no registrado se concentra en unidades informales son Hoteles y Restaurantes y, Transporte. 

En cambio, en Servicios financieros y a las empresas, Enseñanza y Servicios sociales y de salud, la mayor parte del trabajo no registrado se origina en empresas formales. Alrededor de dos tercios de los asalariados no registrados, en estas ramas de actividad, trabajan para empleadores formales que contratan también a trabajadores registrados. 

Tasa de empleo no registrado según tamaño de establecimiento. 4° Trimestre de 2012. Total de aglomerados urbanos relevados.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL, en base a EPH (INDEC).

La misma conclusión se extrae al analizar la incidencia del fenómeno según el tamaño del establecimiento en el cual trabajan. En efecto, la informalidad laboral afecta al 70% de los asalariados en las unidades productivas más pequeñas (menos de 5 ocupados); mientras que en los establecimientos de más de 40 ocupados la problemática aqueja al 8% de los empleados. Por su parte, en las empresas chicas el 74% del empleo no registrado se origina en unidades productivas informales, mientras que en los establecimientos medianos este porcentaje asciende al 44% y en los de más de 40 ocupados sólo se origina el 16% de los puestos no registrados de las empresas grandes.

Por otro lado, es importante destacar que del total del trabajo no registrado localizado en unidades productivas formales, el 45% de los asalariados no registrados se concentra en unidades de tamaño medio (6 a 40 ocupados) y, un 18% en empresas grandes (más de 40 trabajadores). Esta situación contrasta con la distribución de los asalariados no registrados en unidades informales, en los que la mayor parte (74%) se concentra en los establecimientos de hasta 5 trabajadores.

Distribución del empleo no registrado según tamaño de establecimiento y formalidad de la unidad productiva. 4° Trimestre de 2012. Total de aglomerados urbanos relevados.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL, en base a ENAPROSS.

Una derivación importante de esta situación, es que el diagnóstico de la incidencia de la informalidad según rama y tamaño se modifica notablemente cuando se analiza el subconjunto de empresas formales. 

Si bien se reconoce que el empleo no registrado se origina en la evasión de las normas laborales por parte de los empleadores, es evidente que “el mercado” discrimina también, de acuerdo a las características demográficas y las competencias de los trabajadores, jerarquizando los atributos para acceder o no a empleos registrados. Con el fin de identificar las características de los trabajadores que son determinantes para la inserción y permanencia en el empleo registrado, se realizó un estudio estadístico sobre los trabajadores desocupados inscriptos en la Red de oficinas de empleo que accedieron a trabajos asalariados formales. 

Los resultados del modelo estadístico muestran que los cuatro atributos más importantes para acceder a un trabajo registrado son: la edad, el sexo, el nivel educativo y el tipo de experiencia laboral. 

El estudio permite, además, medir la relevancia que tiene cada variable en la inserción laboral y el sentido de cada una de ellas. 

Características socio laborales relevantes para la inserción laboral en empleos formales, según orden de importancia.

Fuente: MTEySS, OEDE, en base a SIPA y registro de la Red de Oficinas de Empleo.

De acuerdo con la información analizada, la dimensión más gravitante para incorporarse a un trabajo formal es la edad de las personas. Tal como se muestra en el cuadro, la probabilidad de acceder a un empleo registrado aumenta a medida que se reduce la edad. Es decir, los jóvenes cuentan con mayores posibilidades de insertarse en el empleo formal que las personas adultas y, a su vez, estas últimas tienen mayores probabilidades de inserción que los adultos mayores. 

En segundo lugar, se ubican, en el mismo orden de importancia: el sexo y la experiencia laboral formal. Con respecto al sexo, se advierte que los hombres presentan mayor probabilidad de insertarse en el empleo registrado que las mujeres. Sin embargo, el dato más significativo, lo constituye el hecho de que los trabajadores que ya tuvieron un empleo registrado cuentan con mayores probabilidades de conseguir un puesto de trabajo formal en el futuro. 

Por último, en el tercer lugar de relevancia explicativa se encuentra el nivel educativo. Como era esperable, en la medida en que aumenta el nivel educativo se incrementan las chances de acceder un empleo registrado. Es necesario tener en cuenta que las probabilidades aumentan significativamente, al completar el secundario y al finalizar los estudios terciarios o universitarios.

Uno de los aspectos más relevantes de estos resultados, es el hecho de que la experiencia laboral formal y el nivel educativo, es decir, dos competencias “adquiridas”, resulten características que incrementen la probabilidad de los individuos de incorporarse a un empleo registrado. Este punto, resulta de fundamental importancia en cualquier esquema de políticas orientada a promover la inserción en empleos registrados, de calidad.

Reflexiones finales

Como surge claramente de la descripción sintetizada en este documento, los logros alcanzados en esta última década en materia de reducción del trabajo no registrado son incomparablemente mejores a su desarrollo en la historia contemporánea.

Asimismo, se observa que aún resta mucho por hacer. Cuando se considera que esta es una problemática que alcanza a 4,5 millones de trabajadores, que los afecta en lo individual y a nivel de sus familias, que los excluye de derechos en el presente y en el futuro, y que afecta a la macroeconomía a partir de la merma de aportes a la Seguridad Social, se advierte que resulta indispensable implementar nuevas acciones que promuevan la profundización de las mejoras ya alcanzadas.

La magnitud que aún presenta este colectivo y la gravedad de sus consecuencias para el entramado del conjunto de la sociedad, requieren indudablemente de fuertes intervenciones por parte del Estado. 

Pero también, de un sólido y real compromiso de empresarios y sindicatos que pueden participar activamente en la tarea de reducir esta situación ilegal. 

Así, podrá potencializarse la repercusión de las acciones, no sólo en la mayor inclusión de los trabajadores, sino también en la mejora de la competencia económica de las unidades productivas y en la ampliación de la representación de los actores sociales.

Prensa Argentina
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