Directivos del Centro de Estudios Legales y Sociales expondrán mañana en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación General sus cuestionamientos al proyecto oficial que regula las medidas cautelares.
A la reunión, que se realizará a las 11 en el salón Azul del Senado, asistirá el titular del CELS, Horacio Verbitsky, y otras autoridades de esa entidad.´
La invitación se formalizó mediante una carta que envió el presidente del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto a Verbitsky.
En la nota señala que "teniendo en cuenta las observaciones que públicamente ha formulado la entidad que usted preside en relación con este tema, hemos reabierto el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General a los fines de analizar las reflexiones que se han hecho".
El encuentro será presidido por el titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, y servirá para que el CELS exponga sus cuestionamiento al proyecto sobre regulación de medidas cautelares.
Pichetto anunció ayer la convocatoria de las autoridades del CELS luego de que la entidad hiciera públicas sus diferencias con la iniciativa oficial.
Según Pichetto, en el texto aprobado están "resguardados" los derechos individuales ya que apunta a los grandes grupos económicos.
El senador explicó a Télam que se decidió citar a Verbitsky ante las críticas que formuló al proyecto y con el fin de que realice "aportes".
Si bien el proyecto ya tiene dictamen de comisión, cualquier reforma puede ser incorporada en el debate en el pleno del cuerpo que se efectuará el próximo jueves en el marco de una sesión especial solicitada por el Frente para la Victoria.
El proyecto de regulación de cautelares establece que un juez solo podrá dictar una medida cautelar cuando es competente en la causa, y solo podrá tener validez si dicta esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la salud, el medio ambiente o el derecho alimentario.
En ese último caso deberá girar en forma inmediata las actuaciones a un juez competente, quien en cinco días deberá expedirse si corresponde la medida cautelar concedida.
Además, en el pedido de cautelar debe estar debidamente argumentado el perjuicio que se procura evitar, la actuación estatal que lo produce, y el derecho o interés que se pretende garantizar.
Otro aspecto esencial del proyecto es que el juez deberá pedir a la autoridad demandada, previo a dictar una cautelar, un informe para que el Estado informe cual es el interés público que está afectado.
Este último requisito sólo se podrá variar cuando "circunstancias graves e impostergables" lo justifiquen y allí el juez puede dictar una medida interina, que se extenderá hasta que se presente el informe estatal, y se podrá pedir además una vista previa al ministerio Público.
Fuente: Télam
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