Desde nuestra conformación han sido claros los objetivos puestos en la más plena democratización de los medios de comunicación y el carácter inclusivo que debe regir para que todas las voces que conforman nuestra sociedad, puedan ser escuchadas, disfrutadas, en democracia y con respeto por la diversidad de opiniones y culturas.
En ese marco, los integrantes de Proyecto COPLA rechazamos el intento de judicializar el derecho a la opinión que pretende ejercer el Grupo Clarín en la persona de Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente y todos aquellos involucrados en el escrito, pero que en realidad atañe a todo el colectivo de la comunicación, en sus distintas variantes y soportes, que apoya la Ley de Servicios Comunicación Audiovisual y su cumplimiento efectivo.
El grupo monopólico cómplice de la dictadura militar, muestra así su verdadera naturaleza: mientras se rasga las vestiduras hablando de la libertad de prensa intenta censurar las ideas que no le son afines y persigue a todo aquel que se oponga a sus privilegios indebidos.
Ésta es la mejor demostración de la necesidad impostergablede lograr la plena vigencia y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, que son patrimonio del pueblo argentino
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