La nueva ley del peón rural "es un avance extraordinario"

El subsecretario de Relaciones Laborales, Álvaro Ruiz, afirmó que la nueva ley del peón rural es "un cambio absoluto en el sistema de contratación, sobre todo los temporarios". Los avances no han sido reconocidos por "el club entre la Mesa de Enlace con el sindicato de Uatre", advirtió.

El subsecretario de Relaciones Laborales, Álvaro Ruiz, afirmó que la nueva ley para el peón rural es un “avance extraordinario” para el sector pues tiene “un cambio absoluto en el sistema de contratación de los trabajadores, sobre todos los temporarios que son los más vulnerables del sector rural”.

En declaraciones a Canal Siete explicó que ahora “se garantiza una oficina pública de empleo para canalizar todas las contrataciones, se corta con las intermediaciones parasitarias, se genera estabilidad para los trabajadores temporarios, se le dan beneficios, en algunos casos superiores a las que tiene para el resto del sector privado, como licencias parentales por nacimiento”.

Además, agregó, los trabajadores permanentes del sector rural “también tienen una ventaja comparativa en relación al resto de los trabajadores porque se ha ampliado el canal de solidaridad patronal en relación a los derechos y obligaciones que con los trabajadores se tienen”.

“Se garantiza –agregó- un funcionamiento del contrato de trabajo rural con una definición clara, la jornada de trabajo limitada, la extensión de las licencias, el reconocimiento de la licencia por maternidad para las trabajadoras temporarias que no la tenían”.

Estas cuestiones, advirtió el funcionario, “no han sido señaladas por ninguno de los actores de este club que formaliza la Mesa de Enlace con el sindicato rural”, en alusión al funcionamiento que tenía el Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), que por la nueva ley fue reemplazado por el Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) que funcionará en jurisdicción del Ministerio de Trabajo.

El ahora disuelto Renatre estaba a cargo de un Directorio integrado por cuatro directores de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el gremio que dirige el Gerónimo “Momo” Venegas; y cuatro directores en representación de entidades Empresarias de la actividad (Sociedad Rural Argentina SRA, Confederaciones Rurales Argentinas CRA, Federación Agraria Argentina FAA y Confederación Intercooperativa Agropecuaria CONINAGRO).

La nueva ley, Nro. 26.727, promulgada en enero último por el Poder Ejecutivo Nacional, “está vigente”, afirmó Ruiz y explicó que “hay una medida cautelar que solamente ha puesto en tela de juicio la vigencia de un artículo de los 109 de tiene la ley, que es el artículo 106, que es el que modifica el sistema de administración y gobierno del Registro de Trabajadores Rurales”.

En esta acción judicial, explicó el funcionario, “hay intereses que son absolutamente sectoriales, personales, en relación a un espacio donde se ha formado una suerte de club entre los integrantes de la Mesa de Enlace y el sindicato rural de Uatre, donde se abastecen cargos. Hay más de 400 empleados (en el ex Renatre) pero éstos –aclaró- no tienen riesgos salvo los que son cargos jerárquicos. Como es lógico la ley les ha garantizado la continuidad laboral a todos los trabajadores, salvo a los jerárquicos por entender que en la reorganización de ese sector habrá que administrar la organización y estructura de una manera diferente”.

Lamentó que el gremio de Uatre “y sus dirigentes se alzan contra una ley que es la más importante que ha sucedido en nuestros últimos 60 años de historia. Después del Estatuto del Peón Rural, sancionado cuando era secretario de Trabajo el general Perón en 1944 y la Ley de Cosecheros que complementó esa ley, en 1947, no ha sucedido un hecho político y legislativo de tanta trascendencia como el que se ha resuelto por el Congreso en diciembre último”.

Reafirmó que no obstante esta medida “la ley está vigente. Ha sido sancionada con una amplísima mayoría. Es el proyecto que envió una Presidenta que tiene el 54 por ciento de los votos en las elecciones de octubre. Si esta ley no tiene una legitimación podemos pensar que están invalidándose las instituciones de la democracia: el Congreso por un lado, el Poder Ejecutivo por otro”.

También negó que fue sancionada con premura y recordó que el Ejecutivo la envió al Congreso en junio de 2011. “Se escucha decir que de buenas a primeras se envió a Extraordinarias, que no se dio tiempo para el debate. Pero trabaron durante un año y medio el proyecto, tanto los ‘agrodiputados’, los que respondían a la Mesa de Enlace, al Peronismo Federal, el propio gremio de Uatre estaba parando el proyecto”.

El funcionario confirmo que se está trabajando “en la reglamentación de la ley porque algunos artículos y algunas instituciones necesitan un ajuste reglamentario, como el tema previsional que es otro aspecto importante: el trabajador rural puede jubilarse con 57 años y 25 años de servicio”.

Todo ello, dijo “son avances extraordinarios en términos además comparativos con la ley que derogamos, que es la ley de la dictadura, la ley de Videla, de Harguindeguy y de Martínez de Hoz que compaginó dentro de lo que fue la dictadura militar instaurada en 1976 todo lo que era el desguace del derecho al trabajo y el abuso de los derechos de los trabajadores”. 

“El sindicato actual (en alusión a Uatre) no dice que en la ley que derogamos se prohibía el derecho de huelga, la negociación colectiva. Hemos recuperado instituciones básicas de la libertad sindical”.

Álvaro Ruiz advirtió también que la medida cautelar “fue sacada con mucha premura. Los amparos son acciones especialísimas cuando están en juego derechos que son de alto riesgo de vulnerabilidad y no hay otros canales procesales que puedan resolverlo. La medida cautelar -como en este caso suspensión de la aplicación de un artículo de una ley- no se logra solamente con un amparo, una acción ordinaria de inconstitucionalidad también puede estar acompañada de una medida cautelar”.

Explico que “la especificación de un amparo no permite manejarlo como si fuese una acción ordinaria y esto es lo que ha hecho la justicia de la seguridad social que además está también en tela su competencia porque nosotros entendemos que ésta es una ley laboral donde es la justicia del trabajo, no la justicia de la seguridad social, es la que debe entender”.

“Lo más curioso –advirtió Ruiz- es que esta acción donde sale la medida cautelar la hace el propio Renatre. El Registro –explicó- es un registro público hoy estatal por la ley, antes no estatal, pero es un registro público. ¿Cuál es la legitimidad de ese registro para salir a combatir una ley del Congreso votada por esta mayoría?. Y además, entre los fundamentos, pretende ir en defensa de los trabajadores del Renatre. El registro no tiene la legitimación para representar a los trabajadores del campo, ni a las patronales del campo, es un registro público”. Además para esta acción de amparo, agregó, “se paga más de un millón de pesos y es plata pública. Lo decidió un gerente ad referéndum de un directorio. Está usando el dinero público para intereses propios”, dijo.

Fuente: Prensa Argentina