lunes, 9 de septiembre de 2013

De la Sota y el ataque a la libertad de expresión en una Córdoba feudal

Por Sigiloso Souza



La tercera gestión del Gobernador José Manuel de la Sota (aún faltan dos años) va camino a transformarse en una de las páginas más oscuras de la democracia en Córdoba, si es que desde el Estado no comienza a darse respuestas y soluciones a un escenario de gravedad institucional inusitada en los últimos años.

El Gobierno Provincial parece esforzarse por mantener un escenario que garantice la impunidad de funcionarios y amigos de poder. Para esto contaría, paradójicamente, con estamentos de la Justicia provincial y gran parte de los medios de comunicación y periodistas de Córdoba como “parteners” para garantizar el “éxito” de esta obra, ya sea por acción u omisión.

La situación es grave. Un informe periodístico de Tomás Méndez, que conduce ADN por Canal 10, desnudó hace días lo que muchos sospechan en Córdoba pero nadie se atreve a confirmar: la mafia que conformarían varios altos Jefes de la Policía de De la Sota y narcotraficantes. Sólo un puñado de periodistas y el Gremio (Cispren) salieron a exigir protección para Méndez tras la difusión de las denuncias.

El resto de los comunicadores tiene razones para mantenerse en silencio. Algunos por diferencias ideológicas, otros por dinero y otros tantos por mucho dinero. Llamativo y vergonzoso que sólo haya un programa de investigación periodística en Córdoba. Está claro. Nadie se mete con el poder De la Sota. Pero hay que estar tranquilos. La historia también se encargará de mencionar nombre y apellido de los periodistas que engrosaron su patrimonio personal siendo funcionales y vasallos de las entrañas del poder provincial.

Tampoco De la Sota ni su ministro de Seguridad, Alejo Paredes, ambos responsables del peligroso estofado que se cuece en la Policía que dirigen, manifestaron que protegerán al periodista Méndez dado la gravedad de la información publicada. Inclusive el jefe de la fuerza, Ramón Frías, presuntamente a pedido del gobernador, salió a responsabilizar a Méndez del supuesto suicidio de un oficial de narcóticos implicado en la investigación.

Un claro ataque a la libertad de expresión que busca intimidar a quienes ejercitan el periodismo de investigación. Un grave ataque a la prensa crítica del gobierno provincial que, además, desnuda la farsa de la ley de libertad de expresión promovida por el gobernador. Pero ahora, lo más urgente: proteger la integridad de Méndez y los periodistas que investigan este caso.

Fuente: La Mañana de Córdoba

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